Ya dijo Mark Twain que "de todas las criaturas de Dios, hay una que no podría hacerse esclava del látigo. Esa criatura es el gato. Si el hombre se pudiera cruzar con el gato mejoraría al humano, pero deterioraría al gato". El PP de Marco Aurelio Pérez en el Cabildo de Gran Canaria ha expresado este martes su malestar con la presencia de trampas para gatos en las inmediaciones del parque Tony Gallardo y Charca de Maspalomas. El PP asegura que son "gatos sanos" y que acto seguido se mandan a sacrificio por decisión política de NC.

Esto de 'desgatizar' el sur de Gran Canaria lo ejecuta la empresa pública a la que el PP le encargó en Tirajana el PGOU y nunca se ha terminado, Gesplan, que coloca para atrapar gatos esterilizados en colonias controladas y autorizadas por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. El PP ha acusado a Inés Jiménez de ser responsable de este sacrificio sin control y ha pedido que se "explique con todo detalle si se han instalado más trampas de este tipo en otros lugares y cuál es el destino final de estos animales una vez son apresados por los técnicos de Gesplan", expone el Grupo Popular.

El PP, que ha denunciado el incumplimiento del Pacto por el Bienestar Animal en Gran Canaria firmado hace ya tres años por el Cabildo y los ayuntamientos de la isla, critica además la “alarmante falta de sensibilidad” del jefe del gobierno insular, "que primero se ganó a pulso el sobrenombre de matacabras y ahora de matagatos". Lo de matacabras lo bautizó el cura más viral de Canarias, padre Báez.

Colectivos defensores de los animales han acusado este martes al Gobierno de Canarias de presupuestar más de 273.000 euros para contratar una empresa que capture y ejecute gatos y hurones asilvestrados, y ha anunciado que estudian acciones legales para frenar "esta matanza". Las asociaciones Amigos de los Animales El Juaclo, SOS Felina y el partido animalista se han reunido con representantes del Ejecutivo canario para defender métodos alternativos éticos y eficaces para controlar las poblaciones de animales asilvestrados, afirma PACMA en un comunicado, en el que alude a la decisión del Gobierno autonómico de usar la "ejecución" como método de control.