Dice el refrán que "abogado que por el pleito se desvela, estudia calles, callejones y callejuelas". La investigación de la Policía sobre los asuntos electorales de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (CC), tiene coste diferido para el contribuyente. Y es que los gastos de la defensa producto de las investigaciones honestas y profesionales, como así lo reflejan los autos judiciales, los paga ahora el ciudadano. La portavoz de Nueva Canarias (NC), Isabel Santiago, ha puesto esta semana el grito en el cielo. Nueva Canarias, el partido local que tiene de los nervios a Bueno, ha asegurado este jueves que la póliza de cobertura de seguridad jurídica a la que se ha acogido no incluye sus operaciones electorales y que investiga la Policía en la lógica de la defensa del Estado de Derecho y la democracia. La víspera del Día de Reyes de 2022 Bueno habría firmado el decreto 30/2022 autorizando para sí "el abono en su cuenta el importe de 39.000 euros, lo que supone a su vez el incumplimiento del deber de abstención que regula el art. 23 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, pues determina que quienes tengan un interés personal en el asunto no pueden intervenir, así como que deberán comunicarlo a su superior, en esta caso el Pleno de Mogán, nada de ello ha cumplido Onalia Bueno".

NC ha presentado un recurso en el que acredita que la alcaldesa de Mogán "ha faltado a la verdad, y demuestra que a partir del año 2007 recibió mas de cinco mil euros en los conceptos que ahora reclama", denuncia la formación verde. Así, reclama al funcionario al frente de Intervención que se ponga de parte de la ley e "inicie el expediente de reintegro de las cantidades indebidamente abonadas a Onalia Bueno en concepto de honorarios por letrado y procurador".
 
Una jornada después del Día de Canarias de 2021 Bueno solicitó ser indemnizada por gastos de defensa jurídica y representación que ella había sufragado para defenderse de las imputaciones de las que fue objeto, en el marco de la operación Góndola allá por el año 2007, momento en el que fue detenida por la Policía. 39.000 euros es lo que reclama por costas del letrado y procurador. Sostiene NC que el ayuntamiento de Mogán en su momento sí abonó "20.000 euros, por lo que Onalia Bueno podría haber cobrado dos veces por los mismos conceptos". NC advierte que "uno de los delitos imputados es el delito electoral, delito que nada tiene que ver con las competencias delegadas, y así ocurre con el resto".