La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha abierto el proceso para la contratación de asesores independientes, dentro del acuerdo marco establecido para ello, con el fin de llevar a cabo el análisis de las operaciones de ayuda financiera temporal con cargo al Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas solicitada por la empresa de dueño egipcio Meeting Point que, legalmente, tiene su sede en Sonneland (Maspalomas). Lo que ha pedido es 66 millones de euros. Es la segunda empresa grancanaria que pide liquidez al Estado tras Naviera Armas, que ha reclamado desde 2020 140 millones de euros para evitar el cierre. Meeting Point es la dueña de la cadena Labranda y depende del turoperador FTI, que ha pasado a la historia del Covid19 por ser presuntamente el primer turoperador árabe cerrar la tesorería a los hoteleros de Tirajana cuando la pandemia se inició en marzo de 2020 y lo haría con fecha retroactiva de enero.
El procedimiento de análisis de Meeting Point se ha iniciado a petición de la propia empresa que solicita el apoyo financiero del FASEE. Dicho análisis requiere verificar que se cumplen todos los requisitos de elegibilidad para la concesión del apoyo solicitado. Además de excursiones en barco o por tierra, solamente en el sur de Gran Canaria tiene tres hoteles, que con Las Palmas son 8 inmuebles, llegando a cerca de una veintena en todas las islas. Toda esa facturación se cocina en Sonneland.
Los hombres de negro de la SEPI viajarán a Gran Canaria para mantener encuentros con los asesores jurídicos y financieros vinculados al procedimiento del Fondo y forman parte de las firmas más prestigiosas del mercado. El asesoramiento que recibe el Fondo asegura un proceso de análisis de las solicitudes de apoyo recibidas exhaustivo, profesional y transparente que garantiza el máximo rigor en la resolución que pondrá fin al expediente.
El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas es una herramienta clave para proteger la actividad económica y el empleo afectados por el impacto de la pandemia. Es uno de los instrumentos de apoyo a la economía que el Gobierno puso en marcha con una dotación de hasta 10.000 millones de euros, de los que hasta la fecha se han solicitado 5.345,4 millones.
El trabajo de los asesores
Los servicios de asesoramiento financiero verifican ya desde febrero las cuentas de Meeting Point y el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de naturaleza económica establecidos y analizan la suficiencia de las medidas planteadas en el plan de viabilidad para que la empresa restaure la solvencia dañada y retorne a la senda de la viabilidad. El estudio de la operación incluye también el análisis de la situación precovid de la empresa y el impacto de la pandemia.
El análisis requiere estudiar el sector al que pertenece la compañía, su posible evolución y las claves de competitividad para evaluar el alcance de la recuperación contrastando las previsiones de la compañía y los posibles escenarios de sensibilidad para determinar la proporcionalidad del apoyo financiero solicitado y su capacidad de devolución de los fondos públicos otorgados.
El asesor jurídico, por su parte, realiza el proceso de due diligence que incluye la emisión de informe sobre las condiciones de índole jurídica para ser beneficiario; igualmente asesora sobre las posibles contingencias legales, laborales, y fiscales que pudieran aflorar y afectar al cumplimiento del plan de viabilidad, así como la revisión de la situación laboral y en materia de recursos humanos del solicitante/beneficiarias.