Unos nuevos ricos al calor de la burbuja inmobiliaria han generado en Lopesan un quebranto de 5,3 millones de euros. Desde El Hierro, una isla en la que toda su población cabe en un par de hoteles en Meloneras, surgió cuando el boom de la construcción de un chiringuito que se llama Fronpeca. Esa Fronpeca, por arte de birlibirloque, logró enchufarse a Lopesan y terminó creando una UTE para hacer obras en Colombia. Los impresentables herreños acabaron por contaminar la reputación de Lopesan nada menos que en un hospital materno infantil. La gran ecuación sin resolver es: ¿quién llevó a estos de Fronpeca, ya en concursal a Lopesan, que está siendo defendida en Colombia con un abogado de turno de oficio? La foto de esta noticia es del acuerdo entre ambas sociedades en 2011.
Así, tras más de una década en los juzgados colombianos y con la empresa herreña quebrada, Lopesan tendrá que hacerse cargo de pagar al Estado colombiano 5,3 millones de euros de sanción por dejar sin hacer el Hospital Universitario de Neiva. Para colmo, un detalle del concepto ético de los negocios vinculados a la infancia y la Responsabilidad Social Empresarial: la UTE Lopesan Fronpeca también demandó al Hospital Universitario de Neiva con un abogado de oficio. Cuando en 2011 lanzaron esa alianza entre Lopesan y Fronpeca el jefe de prensa de turno se columpió con una nota de prensa diciendo: "la nueva empresa nace con una cartera de negocio potencial para 2011 de 50 millones de dólares. Solo este dato la convierte en la mayor apuesta canaria de internacionalización del sector de la construcción en América Latina", según el comunicado conjunto hecho público ayer por ambas entidades isleñas".
Nada de nada
La UTE Lopesan Asfaltos y Construcciones Sucursal Colombia y Herreña Fronpeca Sucursal Colombia, tendrán que pagarle al Hospital Universitario de Neiva los perjuicios económicos que a título de daño emergente y lucro cesante se hayan causado por el incumplimiento del contrato de obra 242 de 2011 adjudicado durante la administración del gobernador Luis Jorge P. Sánchez. La condena en abstracto fue decretada por el Tribunal Administrativo del Huila, al fallar la primera de las tres demandas que dejó la construcción del monumental elefante blanco. Los magistrados Enrique Dussán Cabrera, Ramiro Aponte Pino y Jorge Alirio Cortés Soto declararon el incumplimiento del contrato por parte del consorcio español.
La obra, proyectada para reducir los alarmantes índices de mortalidad perinatal y debía ejecutarse en un año. Sin embargo, quedó con un avance del 41%. Diez años después sigue sin terminar. La UTE fue un fiasco porque no tenían dinero para acelerar las obras. Aunque el consorcio español, había certificado que tenía una extraordinaria capacidad financiera para ejecutar la obra con recursos propios, la realidad fue otra. El proyecto se estaba apalancado únicamente con los recursos provenientes de los anticipos que el hospital le desembolsaba. El contratista, según lo probado, no tenía el músculo financiero ni la solvencia para adelantar una obra de esa magnitud, como lo ostentó en su propuesta.
La obra comenzó en noviembre del 2011 en medio de serios aprietos. Las demoras se originaron principalmente por temas financieros. También por inconvenientes de diseño, demoras por el invierno, falta de suministros y aspectos técnicos normales. "A la falta de personal, se sumaron inconsistencias técnicas en el estudio de suelos, falta de coordinación y planeación, la época invernal", explicó el arquitecto Álvaro Dávila, quien estuvo al frente del proyecto. La poca calidad de los concretos aplicados en la cimentación del proyecto por bajas resistencias fueron afectando el cumplimiento del cronograma inicial y por lo tanto el avance de las obras. Ante la imposibilidad física para terminar la obra, en diciembre de 2012 el contratista pidió una nueva prórroga. Pero esta vez, como era obvio, tampoco pudo cumplir y la obra quedó a media marcha. Ante los reiterados incumplimientos el gerente del Hospital, Jesús Antonio Castro Vargas declaró la caducidad el 25 de enero de 2013 haciendo efectiva la garantía única expedida por la Compañía de Seguros del Estado por valor de 21.968 millones de pesos. La demanda fue admitida el 15 de septiembre de 2015 y siete años después acaba de fallarse, declarando el incumplimiento del contrato.
