El hólding con origen en Tunte, San Bartolomé de Tirajana, Grupo Santana Cazorla, ya tiene desde este fin de semana un administrador. El Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha confirmado a Maspalomas24H que la estructura concursal de la empresa familiar, dueña de la gestión de Anfi del Mar junto a Lopesan, ha caído en manos de Insol Expertos, una empresa especializada en quiebras ubicada en Valencia. Esta gestión concursal tiene que compartirse con la sociedad canaria Ronda y Vidal, en Avenida Alcalde Ramírez Bethencourt, del prestigioso abogado mercantilista canario Eugenio Vidal. Esa sociedad será a la que deberán dirigirse los acreedores hasta dentro de un mes desde el 8 de abril.

La concursal de Santana Cazorla es un procedimiento ordinario y en este caso voluntario que se encuentra en una primera fase. El magistrado que instruye el caso, Guillermo Fernández, ha firmado una orden por la que indica que la dirección del holding conservará las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de éstas a la intervención de los administradores concursales, mediante su autorización o conformidad.

En el galimatías jurídico que ha provocado, entre otros motivos, de esta concursal está que en 2019 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido el recurso presentado por Santana Cazorla contra la sentencia de la Audiencia Nacional que estima parcialmente el procedimiento ordinario interpuesto frente a la orden ministerial de noviembre de 2011 por la que se otorgaba la explotación de la zona comercial de Anfi del Mar.

De esta forma, Santana Cazorla pierde la concesión de explotación de las zonas de ocio y comercio de la playa de La Verga --conocida como Anfi del Mar--, que vuelve a la demarcación de Costas, que ya comunicó el pasado octubre al Ayuntamiento de Mogán su prioridad a la hora de explotar tanto esta zona como otras del municipio.

Al respecto, fuentes del sector valoran en más de 21 los millones de euros ingresados por Santana Cazorla entre 2022 y 2019 debido al arriendo de estos locales e instalaciones de la playa, a razón de algo más de tres millones de euros anuales. Según recoge la sentencia, la orden ministerial, emitida por el director General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, otorgaba una concesión de ocupación de unos 145.381 metros cuadrados de bienes de dominio público marítimo-terrestre para la creación, adecuación y mantenimiento de diversas instalaciones en el término municipal de Mogán.

Así, la Sala acordó la inadmisión a trámite del recurso por incumplimiento de las exigencias que el artículo 89.2 de la LJCA impone al escrito de preparación del recurso al carecer de fundamentación suficiente. Finalmente, se han impudso las costas procesales a la parte recurrente, cuyo límite cuantitativo máximo, por todos los conceptos, se fija en 1.000 euros a favor de la parte recurrida y personada, Anfi del Mar S.L, aunque no se estimó acordar una imposición de las costas a favor de la Administración General del Estado.