Los vecinos de Castillo del Romeral o Juan Grande, en San Bartolomé de Tirajana, ya respiran algo más tranquilos y en breve podrán aparcar sus coches o dejar a los niños jugar en la calle sin riesgo de que se les vuelvan asmáticos. El Tribunal Supremo ha declarado ilegal las operaciones de Hormigones Canarios (Hormican) empresa de gente de Las Palmas con negocios industriales en la zona sur de la isla, porque así lo denunció un municipio vecino antes de la llegada al poder del PSOE de Narváez: Santa Lucía de Tirajana.

Los vecinos han estado desde 1985 por lo menos peleando contra esta empresa por sus operaciones en suelo vecino y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que se sepa, no se personó porque no era suelo suyo. Hormican decía que Santa Lucía de Tirajana había perdido toda la documentación que acreditaba que tenía permiso desde 1985. El abogado de los vecinos de Castillo del Romeral y Juan Grande, Antonio Hernández, siempre dejó claro que no quería dañar el empleo de la zona: "Nosotros nunca quisimos cerrar las empresas, lo que queríamos es que dejaran de contaminar".

El pasado 20 de abril la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso que presentó Hormigones Canarios contra la sentencia TSJC que respaldó la tesis del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana que, en 2017 aprobó la prohibición de desarrollar la actividad de extracción, distribución y comercialización de toda clase de áridos y materiales de construcción y obras, machaqueo, clasificación y producción de áridos en el barranco de Tirajana.