La patronal hotelera de Las Palmas ha criticado la situación de abandono de los centros comerciales. Estas superficies son el hazmerreír de todos los destinos y, en especial, de aquellos operadores que tienen intereses en Tenerife. Y es precisamente desde Tenerife donde se hizo pasar por el aro al entonces alcalde de San Bartolomé de Tirajana y líder de AV, Marco Aurelio Pérez, a cambio de miserias que nunca se ejecutaron a través de un chiringuito público que se llama Gesplan. Esa Gesplan está ahora en manos del partido independiente de la Gomera, ASG.

Corría febrero de 2014, gobernaba el PP en Gran Canaria y Pérez era consejero insular de Bravo de Laguna, enfrascado en su lucha contra CC, cuando el líder de AV se descuelga y firma un convenio con Gesplan, una especie de Filesa del suelo en las islas, donde se anunció un plan de transformación de apartamentos y hoteles de dos o tres estrellas, en 8.200 camas de cuatro estrellas. Para ello, el Gobierno canario pone a disposición del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana sus medios técnicos y jurídicos. Y ahí fue la estallada: en lugar de colocar este objetivo en manos eficientes se puso bajo el poder de Gesplan. De eso fue en 2014 y en 2022 los centros comerciales y de ocio abandonados no se han movido.

El convenio recogía que los informes del Gobierno se emitirían en un plazo no superior a los veinte días. Y se anunció que un total de diez entidades financieras habían aprobado 1.825 millones de euros en créditos para las empresas que emprendan proyectos de renovación. Pérez apuntaba que el acuerdo con ATI implicaba el "proyecto más ambicioso acometido en Canarias y va a ser el reto más importante de los próximos diez años". Se cumplen esos diez años en 2024 y los centros comerciales siguen perdidos.
El convenio fue suscrito por el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel; el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, y el director gerente de Gesplan, Rafael Castellano, que se vio salpicado al ofertar desde su despacho privado de arquitecto supuestamente presuntos servicios inconfesables profesionalmente, como denunció el diario La Provincia.