El Gobierno de Canarias pagará 45 millones de euros a Lopesan por un hotel que promovió en la época de Jerónimo Saavedra (PSOE) en 1986 y que el Ejecutivo canario frenó y mantuvo desde 2007 en loz juzgados para no ejecutar la sentencia. La indemnización era de 15 millones de euros pero con los intereses hay que sumarle 30 millones de euros. Era un suelo en Pasito Blanco. Desde 2014 hay una condena en el Tribunal Supremo al Gobierno de Canarias (ATI) y se va a ejecutar en 2022.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este mayo los decretos para la ejecución de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictadas en relación con el procedimiento del artículo 17.1 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo.  Los decretos aprobados se refieren a 26 parcelas ubicadas en términos municipales como San Bartolomé de Tirajana y Mogán, en el caso de Gran Canaria. En ellos se establece el deber de las referidas entidades locales de proceder a la modificación del planeamiento general o parcial en el que se ubican las parcelas afectadas para su reclasificación a suelo rústico común, en la subcategoría que corresponda conforme a su destino.

En este sentido, se fija un plazo de seis meses para que las corporaciones municipales adopten la modificación de la clasificación de la parcela mediante la modificación puntual del instrumento de ordenación. Además, se advierte a los ayuntamientos de que, transcurrido el plazo así fijado sin que se hubieran iniciado o concluido los correspondientes procedimientos, la Consejería con competencias en materia de ordenación urbanística y territorial procederá a la modificación omitida.

De forma paralela, habiéndose iniciado el procedimiento de fijación definitiva del importe de la indemnización por parte del Servicio de Valoraciones de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, se procederá a la depuración de la clasificación de la parcela y de su situación física y jurídica, la cual se realizará en el trámite de la modificación del instrumento de ordenación, debiendo estar fijada para que coincida en su finalización. De esta manera, el Gobierno ejecuta los requerimientos cursados por la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para dar cumplimiento al fallo de las diferentes sentencias dictadas en esos procedimientos, desde que fueran declaradas firmes en el año 2016.