El vertedero incontrolado que hay en Playa del Inglés y que antiguamente tenía como nombre Toboplaya es propiedad de Katanga Inversiones, que deberá recibir una indemnización del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana por expropiar en 1996 por la vía de los hechos consumados en el PGOU. Se trata de una sociedad en la órbita de la suiza Ivora Holding y muy metida en el Junta de Compensación Sector 32 Costa Taurito el 10 de julio de 2001. Su administrador único es el prestigioso abogado canario Juan Manuel Riera.

Esta Katanta Inversiones se trataría de una sociedad que colisionaría con Santana Cazorla a través de una mercantil, Inmobarrenda, que pasó a denominarse Unimadoco, que ha controlado una sociedad que se llama Cicica, S.L., que luego cambió de nombre al actual Katanga Inversiones bajo la administración suiza en su momento de un nacional de ese país y apellido Stefan y fundada, curiosamente, en el mismo año que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ejecuta el PGOU, 1996. En 1995 hubo elecciones locales y en esa época la alcaldía estaba en manos de: José Juan Santana Quintana hasta que pasado unos años hubo una censura para que llegase al poder AV.

Katanga Inversiones estaba durmiendo pero en 2019 se reactivó como sociedad. Debe recibir la indemnización del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para convertir el vertedero más turístico de la UE en algo útil. En esa zona es donde se quejan los expertos que no haya bandera azul. El recinto lleno de escombros es propiedad del Ayuntamiento que, como no ha pagado lo que debería, no recibe el visto bueno de Katanga Inversiones para limpiarlo de basura.

Katanga Inversiones es propietaria de un solar en Costa Taurito en Mogán y pidió ser compensada por renunciar a sus derechos consolidados con 2,6 millones. Centro Helioterápico de Canarias es la empresa que en su momento construyó en el espacio protegido de las dunas de Maspalomas el Hotel Dunas, demolido a finales de los ochenta. A cambio se le otorgó una parcela en Pasito Blanco, en la que la empresa renunció a darle uso turístico si se le compensaba con 38,2 millones, que es lo que parcialmente este 2022 el Gobierno de Canarias ha comenzado a autorizar.