El Gobierno central ha asegurado que la unidad del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ha solicitado el certificado fitosanitario a la empresa cementera Ceisa por la arena importada del Sahara a Canarias. El Seprona de Las Palmas ha realizado la citada solicitud del certificado fitosanitario, tras ser requerida a la empresa importadora sobre el tratamiento de las arenas importadas desde El Aaiún, que estas son tratadas en el puerto de origen, documentándose mediante certificado fitosanitario. 

Estos datos se han remitido al Gobierno de Canarias por las investigaciones realizadas para que la autoridad competente realice sus valoraciones sobre la adecuación del tratamiento recibido por la arena. Asimismo, el Gobierno central se refiere a la Orden de 6 de agosto de 2001, por la que se establecen medidas generales y urgentes, con carácter provisional, para el tratamiento de arenas procedentes del continente africano, destinados al uso de la construcción, asfaltado o cualquier otro, con excepción del utilizado para la generación de playas por el Gobierno de Canarias.

En dicha norma, expone, se recoge que las arenas procedentes de África con destino a Canarias, para ser utilizadas en la construcción, deberán ser sometidas cuando procedan de canteras superficiales a los siguientes tratamientos con carácter alternativo, tales como son la fumigación integrada, cribado y lavado en agua salada y esterilización térmica. Estos tratamientos, matizan, deberán ser justificados mediante el correspondiente certificado expedido por empresas homologadas, pudiendo evitar si esta procede del fondo marino.

Finalmente, indican que el incumplimiento de la obligación de tratamiento, sería en todo caso una infracción administrativa a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, siendo el Gobierno de Canarias la autoridad competente que ostenta la potestad sancionadora de paralizar la actividad de forma cautelar o definitiva. La Justicia europea ha echado por tierra los polémicos acuerdos pesqueros y de comercio suscritos entre Marruecos y la UE, por los que se daba luz verde al expolio de recursos del Sáhara Occidental en contra de las resoluciones de Naciones Unidas en torno al conflicto entre los dos países norteafricanos.

El Tribunal General, dependiente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ordenado la supresión de dos acuerdos, uno agrícola y el de pesca firmado en 2019, aunque da un tiempo para su aplicación para preservar la "seguridad jurídica" de las partes. Como explica el organismo en su nota de prensa dando a conocer el fallo, el Tribunal General considera "que, en la medida en que los acuerdos controvertidos se aplican expresamente al Sáhara Occidental, así como, por lo que respecta al segundo de esos acuerdos, a las aguas adyacentes a este, afectan al pueblo de dicho territorio y requerían que se obtuviera su consentimiento". De este modo, la justicia ha dado la razón al Frente Polisario, que ha defendido desde la ratificación de los acuerdos que la UE no tiene potestad para firmar unos textos que afectan a la soberanía de un tercer país.