Las autoridades judiciales de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas saben que un carnaval sin chiringuitos es como una playa tipo San Agustín sin un lugar donde tomarse un refresco a pie de arena. Este fin de semana ha dado de plazo al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana hasta principios de la próxima para poder argumentar razones legales por las que ha frenado un plan de unos emprendedores en periodo de fiestas populares. La tesis de los promotores es que se adopte medida cautelar urgente, o lo que es lo mismo, de inaudita parte, que es como se llama.
Se trata de chiringuitos carnavaleros en zona turística. El Ayuntamiento no puso en marcha mecanismos legales preventivos para subastar parcelas y, cuando un operador pidió licencia, sería de facto obtenida. Sin embargo, cuando comenzó el operativo apareció una orden municipal con la fuerza pública precintando la empresa efímera con argumentos difusos.
La cautelar pretende es garantizar la efectividad de la sentencia del procedimiento, evitando perjuicios de imposible o difícil reparación dado que el Carnaval de Maspalomas dura una serie de días concretos. El auto judicial permite a la empresa operar y el Ayuntamiento tendrá que explicarse dentro del plazo de tres días siguientes a la adopción de la providencia y, hecho esto, el órgano judicial dictará auto sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada pudiendo ser recurrido en apelación o casación acorde a lo descrito en las reglas de carácter ordinario). Es decir: incluso perdiendo los chiringuitos del Carnaval de Maspalomas pueden seguir estirando el chicle.
