En el día de ayer jueves 14 de julio el gobierno de Mogán dio vía libre a la aprobación del expediente por el que se inicia la modificación presupuestaria, que permitirá a la mercantil Caseur, el cobro de 3.180.154,47€ en concepto de revisión de precios.

 La entidad Caseur ha sido la prestataria del servio de recogida de residuos sólidos del municipio de Mogán desde el 26 de Mayo de 1992 hasta el 31 de agosto de 2020, siendo objeto de varios secuestros por las graves deficiencias detectadas en la prestación del servicio que iban desde el impago de nóminas hasta la ausencia de revisión de los camiones que transportaban la basura hasta el vertedero de Juan Grande.

Dicho contrato ha sufrido modificaciones derivadas de la ampliación del ámbito de prestación del servicio, lo que ha afectado, de forma clara, a los costes no previstos a los que ha tenido que hacer frente  la empresa. De este modo se han aprobado varias revisiones de precios, siendo la última la correspondiente al período 2009-2013. 

Es en este momento de tramitación del expediente, cuando el interventor saliente, Francisco de Haro emitió un informe en junio de 2016, en cuyo punto segundo manifestaba, de forma clara, que los criterios que se vienen aplicando a las revisiones de precios desde el año 1993, son lesivos para los intereses municipales, y claramente beneficiosos para el empresa, concluyendo que es imprescindible apartarse de los criterios seguidos en la anterior revisión realizada en el 2009 y adoptar nuevos criterios siendo el cambio debidamente motivado, tal y como establece el art. 54 de la Ley 30/1992, hoy el art. 35 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. 

Ante este demoledor informe, el actual secretario accidental de la Corporación Salvador Álvarez León, emitió un informe en 17 de mayo de 2021, cinco años después del emitido por el interventor, en el queresta importancia a la afirmación del interventor relativa a lo perjudicial que ha sido para el Ayuntamiento el sistema de revisión de precios pactado con la empresa y aplicados hasta el año 2009. En el informe se hace oídos sordos a esta cuestión, y se apuesta por mantener esos mismos criterios sobre los que el interventor manifiesta que sólo benefician a la empresa. El informante antepone un acuerdo perjudicial a los intereses públicos, a un acuerdo utilizando para ello la teoría de los actos propios de la administración, dando la espalda a la posibilidad real de introducir cambios en dicho acuerdo, utilizando la vía que describe el interventor al amparo de lo establecido en el art. 54 de la Ley 30/1992 (ya derogada), hoy el art. 35 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre (en vigor desde 2016), vía que posibilita adoptar nuevos criterios siempre que estos se hagan de forma debidamente motivados, e impedir el daño a los intereses municipales.

Así las cosas, y ante una nueva revisión de precios, que va desde el año 2014 hasta el año 2020, el Ayuntamiento de Mogán ha mantenido los mismos criterios de revisión de precios que viene aplicando desde el año 1.993, ignorando las advertencias del interventor municipal al respecto, y cuantificando dicha revisión de precios en los mas de tres millones aprobados por el pleno celebrado en Mogán en el día de ayer.

El expediente aprobado en el pleno, por el grupo de gobierno de Onalia Bueno, carece de un informe que explique de dónde salen estos tres millones de euros, y que detalle a qué conceptos responde cada gasto.

En este sentido NC, solicitará que se aclare por el actual interventor municipal, si corresponde realizar una revisión de precios relativa a los periodos en los que el servicio estuvo secuestrado por el Ayuntamiento de Mogán, que fue quien asumió todos los gastos y no la empresa.

Para NC, carece de sentido que se abone a la entidad Caseur cantidad alguna en estos conceptos, cuando fue el Ayuntamiento y no ésta, quien prestó el servicio y asumió todos los costes derivados de su gestión. Es como si se le pagase a alguien por un trabajo que ha hecho otro en su lugar, explicó la edil Isabel Santiago.

 NC presentará alegaciones contra esta modificación presupuestaria, por no estar debidamente justificada, por apartarse del criterio del interventor municipal, y porque de aprobarse se podría estar incurriendo en la comisión de un presunto delito de prevaricación y malversación

Isabel Santiago expresó, que espera que se imponga la cordura y la defensa del interés general, así como que Onalia Bueno y su grupo de gobierno, rectifiquen y opten por apostar por lo público frente a la posible defensa de los intereses empresariales.