El Parque Tecnológico de Energía Solar de Gran Canaria no puede avanzar por la falta de agilidad en el sector público para ejecutar acuerdos con dueños de suelo. La medida, lanzada por un grupo privado de Las Palmas, tiene además del problema de los permisos el acceso de financiación. Son 60 millones para una superficie de 400.000 metros cuadrados en San Bartolomé de Tirajana junto a operadores energéticos alemanes.

El proyecto que lidera SM Energy tiene sobre la mesa el riesgo de pinchazo porque los operadores públicos tienen otras prioridades. El escenario pesimista es la primera mitad de 2023, para colmo ejercicio electoral. De momento, el Cabildo de Gran Canaria ha dicho que va a poner toda su energía en atender las demandas de los promotores, que tienen una alianza con Lopesan y Agua Firgas. 

El presidente insular, Antonio Morales, ya dijo este verano que "es necesario rebajar la burocratización que en estos momentos existe, que las administraciones podamos incorporar más recursos para agilizar los trabajos y así poner en marcha mayores medidas de inversión para tener más infraestructuras, generar almacenamiento y distribuir la energía que se produzca".

Pero no todo es burocracia. La Ley del Cambio Climático que prevé acelerar estas operaciones se encuentra en el atasco político del Parlamento de Canarias. En teoría, para el mes de septiembre de 2022; pero hay lío: tramitación de la Ley de Presupuestos de 2023. Siendo optimistas, fuentes parlamentarias apuntan a Maspalomas24H, señalan que "quizás antes de diciembre" pueda estar esa norma aprobada.