Es tener abogados, paciencia y habilidades sociales. La Directora General de Energía, Rosa Melián, ha firmado la declaración de utilidad pública de una obra de Lopesan para colocar como medida de utilidad pública 4,65 MW en Calderín, San Bartolomé de Tirajana. Esto no ha sido un asunto fácil para los funcionarios tanto del Cabildo de Gran Canaria hasta el punto que ha tenido que ser un artilugio legal de la época de CC para colocar la inversión, que servirá para suministrar a sus hoteles por encima de las prioridades sociales.

Los técnicos del Cabildo de Gran Canaria y vecinos de la zona expresaron su rechazo legal a la obra porque podría dañar infraestructuras de futuro. Pero los políticos hicieron valer su peso sobre las autoridades profesionales y han sorteado el veto tras pedir ante el Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Canarias la declaración de "inversión de interés estratégico" por tratarse "de un proyecto de especial relevancia para el desarrollo social y económico de las islas". Hay que aclarar que la inviabilidad territorial fue finalmente resuelta a través del Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran Canaria, de 31 de julio de 2020, de declaración de interés público y social del proyecto.

Lopesan va a colocar en esta zona 11.490 módulos fotovoltaicos, cuatro centros de transformación y una línea subterránea de evacuación de 919 metros. Esta declaración se suma a otra de julio de 2020 del Cabildo de Gran Canaria del proyecto Parque Fotovoltaico Lopesan I de 5 MW, junto con la línea de evacuación hasta la subestación eléctrica Tablero con la empresa Sagta Investments 2017 y que pidió licencia en febrero de 2019. El proyecto de Lopesan en Calderín no está sometido a evaluación de impacto medioambiental dado que se trataría una instalación fotovoltaica menor de 10 hectáreas. Sumadas con otras, excedería esa cifra de metros cuadrados.

Con la norma en la mano los vecinos sostienen que se ha omitido la evaluación ambiental del proyecto en el trámite de información pública y que la obra no está incluida en la planificación de la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio de Economía. También atentaría contra la ordenación que el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria que para esta clase de instalaciones establece que en ausencia del Plan Territorial Especial, no cabe autorizar la implantación territorial de infraestructuras o instalaciones.