Hacienda se va a poner las botas. Las empresas del sur de Gran Canaria que pidieron créditos ICO por la pandemia del Covid19 van a tener que soportar un incremento de los costes por aumento de los tipos de interés en la banca. Los que optaron por este tipo de fondos en sectores como hostelería o turismo tendrán un serio problema si se acumulan descensos de ventas en la temporada de invierno por el pinchazo de mercados como el nórdico. Si el empresario no paga, quien pasa el sombrero será la AEAT. La subida de los tipos de interés presionará en la salud de los créditos y no solo en los hipotecarios de particulares, sino también en los empresariales. Por ello, las empresas tendrán que hacer frente a una financiación más cara, adquiriendo nuevos precios a mayor velocidad.

El Banco de España subraya que los avales ICO han mostrado un deterioro en el primer trimestre de 2022. Por un lado, la ratio de créditos impagados se situó casi 4 puntos porcentuales más que en diciembre de 2021. Por otro, el peso del crédito en vigilancia especial, es decir, aquel que ya presenta dudas de si será pagado en un futuro, escaló hasta el 23% en el mismo periodo de este año. Los más afectados por la pandemia siguen con problemas, como es el caso de la hostelería, que permaneció cerrada en los meses centrales de la crisis sanitaria y aún no se ha recuperado. La previsión de los supervisores financieros es que los deterioros crediticios comiencen a dar la cara en la última parte del año, aunque sin elevadas estimaciones de morosidad para la banca y muy lejos de las que se vieron en la gran crisis de principios de siglo.

El Gobierno ha cambiado las reglas del juego ya que para renergociar "la falta de autorización previa de la AEAT determinará el perjuicio del aval, en la parte que no haya sido ejecutada o, en otro caso, la conservación de los derechos de recuperación y cobranza por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, sin que el contenido del Plan o convenio produzca efectos frente al mismo", informa 'El Economista'. Y es que quien va a reclamar el impago no es el ICO. La nueva norma sobre Ley Concursal incluye una medida especial: la refinanciación bancaria deberá ser autorizada por Hacienda y quien comenzará a meterle presión para que se devuelva el dinero no es el banco público: es la AEAT. Y a partir de 60.000 euros hay riesgo de entrar en prisión.

La disposición adicional octava de la Ley Concursal, que regula que para que las entidades de crédito puedan votar favorablemente en nombre y por cuenta del Estado a los planes de reestructuración que concedan aplazamientos, fraccionamientos y quitas de las cantidades reclamadas o reconocidas, deberán recabar previamente su aprobación por parte del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. El fin de las carencias de los créditos ICO, entendidos como el periodo en el que las compañías no tenían que abonar el crédito al banco, vencía el pasado mes de junio entre prerrogativas y negociaciones para encarar el pago de estos préstamos. Las empresas, y especialmente aquellas que más problemas afrontaron con la pandemia, lograron que se incrementara hasta un 26% las renegociaciones de crédito, hasta los 2.200 millones de euros ante las dificultades de pago.