Vuelve el fantasma de la superpoblación y, con él, el debate sobre la "capacidad de carga" y el peligro de otra moratoria turística. En realidad este debate nunca ha desaparecido, siempre ha estado ahí de forma intermitente, según el interés político (es un "tema caliente” en periodos electorales) o según sea nuestra percepción del momento (p.ej. de saturaciones de infraestructuras). 

Recientemente se creó en Canarias una comisión parlamentaria que estudiará "el reto demográfico" y el "equilibrio poblacional", después de que el CES haya proyectado para el 2033 un aumento poblacional del Archipiélago de los actuales 2,2 a 2,5 millones de habitantes (esta semana el INE proyectó para el 2037 una población de 2,6millones).  

Recordemos que dicha comisión tiene un antecedente en aquel "Comité de Expertos sobre Población e Inmigración en Canarias" del 2002, que propuso, entre otras cosas, limitar las segundas residencias.  Sea como fuere, pocos meses después, en abril del 2003, el Gobierno Canario aprobó la primera moratoria turística autonómica, siendo uno de sus objetivos el control del crecimiento poblacional. ¿Se repetirá la historia? ¿Estamos de nuevo en la antesala de una moratoria?

¿Limitar el crecimiento poblacional a través de otra moratoria? 

Dentro de una visión simplona, podría parecer lógico limitar el aumento de población a través del enfriamiento del único motor económico relevante, pues cada cama turística tiene asociada población flotante (turistas) y residente (empleo directo, indirecto e inducido). Sin embargo, la cuestión es mucho más compleja, pues el crecimiento de camas regladas no es, ni mucho menos, el único condicionante del aumento poblacional. 

Veamos algunos factores que muestran lo inefectiva que sería una nueva moratoria con relación al freno del crecimiento poblacional (y la competitividad turística en general):  

(1) Oferta no reglada en crecimiento permanente

La oferta turística no reglada de pisos clandestinos no se vería afectada por una moratoria y seguiría creciendo de forma incontrolada, apareciendo nuevas camas de alquiler vacacional "pseudo-turísticas" en cualquier lugar, sin preaviso. Resultaría absurdo limitar las camas tradicionales y mantener la anarquía en la oferta de viviendas turísticas, que seguiría potenciando el aumento del flujo de población flotante (turistas). 

(2) Atracción de nómadas digitales

Hace varios años que las Islas son atractivas para teletrabajadores que se quedan varios meses. Esto se ha potenciado con campañas específicas para atraerlos a establecerse en Canarias, lo cual aumenta la población residente (en este caso, no pueden ser considerados "flotantes"), alojándose en viviendas de alquiler o vacacionales. Sería absurdo pretender limitar la población con una moratoria mientras se atrae a nuevos “residentes temporales” por otro lado. 

(3) Atracción de trabajadores foráneos 

En paralelo se siguen atrayendo a trabajadores foráneos para hostelería y turismo por las graves carencias propias en la formación profesional, rondando el paro regional el 20%. 

(4) Previsiones de demanda decreciente  

Las previsiones indican que la demanda a medio plazo podría decrecer por el probable encarecimiento adicional de los vuelos por la tasa de CO2. En caso de resultar importante su influencia en el precio, ello podría afectar a los segmentos más bajos, es decir, a la masa crítica de visitantes, vitales para la economía turística canaria. Ante estas previsiones el mercado se regula por sí solo. Nadie invierte en un hotel si sus estudios de mercado no le indican que existirá una demanda para el mismo.   

(5) Oferta alojativa decreciente por residencialización

Además, también la oferta muestra una evolución decreciente de una parte de sus plazas regladas por procesos de residencialización (p.ej. para segundas residencias de jubilados extranjeros). Como muestra Carmelo León en una publicación del 2016 las plazas residencializadas aglutinan una menor actividad económica: “en Canarias cada plaza de alojamiento reglado se ocupa 208 noches al año por término medio, frente a las 40 noches ocupadas de cada plaza residencial”. 

Entre las consecuencias no sólo figura la pérdida de unidades turísticas, sino también la posible pérdida de conectividad aérea, pues las plazas aéreas de turoperación van vinculadas a una determinada oferta de plazas turísticas. Aquí hay que tener en cuenta que las unidades que se residencializan no aparecen en otro núcleo, sino que se pierden como uso turístico (las moratorias canarias no tenido nunca el carácter flexible de Baleares, donde una cama que se da de baja puede reconstruirse).

(6) Moratoria como impulso del incremento poblacional 

Una nueva moratoria significaría el quinto tropiezo sobre la misma piedra, después de las cuatro versiones anteriores (Gran Canaria 1992-98 y Canarias 2003, 2009 y 2013), que tuvieron todas ellas efectos muy negativos sobre la competitividad turística canaria. Con relación a la población, destaco los graves efectos de la primera moratoria regional del 2003, que impulsó la ejecución acelerada de las licencias hoteleras vigentes (y la clasificación, no siempre legal, de licencias adicionales entre 2001 y 2003, al conocerse la prohibición desde el 1º decreto 2001), lo cual atrajo más habitantes entre 2001 y 2007 que en cualquier década anterior. Es decir, la moratoria turística actuó como catalizador de un aumento poblacional sin precedentes, justo el efecto contrario al pretendido. 

Conclusiones  

En definitiva, sería incoherente, en caso de que esa fuese la futura conclusión de la comisión demográfica, el plantear otra moratoria a nuevas camas regladas, mientras que crecen descontroladamente las camas clandestinas y paralelamente atraemos a trabajadores foráneos y nómadas digitales, en un contexto previsible de una demanda decreciente y de una oferta alojativa reglada también en proceso decreciente. 

En vez de plantearse otra moratoria turística habría que actuar más bien sobre otras variables de influencia poblacional, por ejemplo a través de una decidida mejora de la FP dual (para precisar menos mano de obra de fuera) y replanteándose las campañas de atracción de nuevos residentes teletrabajadores, a la vez que regulando y controlando de forma decidida el alquiler vacacional y los procesos de residencialización en zonas turísticas.

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