El departamento de gestión tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha revocado los números de identificación fiscal (CIF) a uniones temporales de empresas (UTEs) que eran lideradas por Lopesan, según confirmó este lunes a Maspalomas24H una fuente del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Se trata de dos alianzas empresariales en la que Lopesan se ha visto salpicado por ir de la mano de una empresa andaluza afectada por investigaciones sobre corrupción en Andalucía y Las Palmas: Fitonovo. La espiral judicial vinculada al PSOE andaluz ha generado el bloqueo financiero de Lopesan Asfaltos, su participada Bitumex y Fitonovo. La orden de Hacienda es del pasado mes de agosto pero ha trascendido este octubre.
Estas alianzas eran porque participaban en concursos del Cabildo de Gran Canaria. La institución tenía tres acuerdos de mantenimiento de carreteras con Fitonovo, empresa implicada en la 'Operación Enredadera'. En su momento se le adjudicaron tres acuerdos, la de la GC-1 pero por incumplimientos de Fitonovo se produjo que se secara una parte". Las otras dos carreteras adjudicadas, antes de que Fitonovo entrara en concurso de acreedores, fue el mantenimiento de las zonas verdes de la autopista del Norte, por un valor de 3,2 millones de euros, y la variante de Tafira, por 2,7 millones. Estos contratos eran por cuatro años, prorrogables por dos más. Fitonovo tenía bastantes denuncias por incumplimiento de los citados contratos.
Precisamente, este lunes la Audiencia Nacional ha celebrado una nueva sesión del juicio por las supuestas comisiones ilegales que habrían mediado en los contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Sevilla a Fitonovo, señalando el agente de la Guardia Civil instructor de las primeras diligencias los vehículos entregados como "dádiva" por dicha empresa al que fuera responsable del Ayuntamiento Domingo Enrique Castaño.
La sesión ha contado así con la declaración como testigo de un agente de la Guardia Civil que instruyó los primeros atestados de la investigación hasta poco después de ser acometidos los registros policiales en las sedes Fitonovo y su filial Fiverde, rememorando que su unidad fue requerida por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, entonces comandado por la juez Mercedes Alaya, actualmente en la Sección Séptima de la Audiencia provincial, que en aquellos momentos estaba indagando al que fuera director del área de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense y asesor del PSOE en dicha entidad Domingo Enrique Castaño.
Dicha investigación, según ha precisado, se encuadraba en las diligencias promovidas entonces por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla en torno al procedimiento seguido por la sociedad Mercasevilla, participada por el Consistorio hispalense, para la venta de sus terrenos, un procedimiento saldado finalmente con una sentencia del Juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla absolutoria respecto a las diez personas juzgadas, entre ellas Domingo Enrique Castaño.
