El negocio de la planta cementera de El Pajar, en el sur de Gran Canaria, está incurso en un proceso judicial porque empresas del turismo reclaman que se cumpla lo que dispone la norma de 1972: caducidad a los 50 años. Ese periodo ha vencido pero ahora los abogados están enfrentados a la vista de que el poder político ha dado la razón al grupo asturiano dueño de la gestión, Masaveu.
La mayor parte del negocio se genera en El Pajar en una industria que tiene poco suelo propio al ser concesiones. Pero hay una cifra: 170 millones es la valoración mínima del grupo asturianobrasileño. Votorantim ya tiene una valoración de todos los activos de Ceisa: 85 millones de euros por el 50% de la sociedad vinculada a la patronal Asinca y que cuenta con incentivos como el AIEM, la RIC o ayudas al transporte, que cada año genera 3 millones de euros y que garantiza el transporte gratis de la materia prima para producir cemento.
Precisamente, el anclaje en el AIEM es una de las condiciones de las partes para negociar un aumento del peso de Votorantim en la toma de decisiones del grupo en las islas a la vista de los intereses que tiene en Tenerife y, con ello, cerrar el círculo. El grupo brasileño valora toda Ceisa en algo más de 170 millones de euros.
Ceisa tiene un capital social de 1,2 millones de euros y unas reservas por valor de 36,4 millones de euros repartiendo dividendos de hasta 6 millones de euros. En 2020 el resto del patrimonio neto de Ceisa era de 2,1 millones de euros pero en 2021 esa cifra ha pasado a 168.761 euros. El resultado de explotación de la empresa fue de 10,3 millones de euros y los resultados netos de 8,3 millones de euros.
