Coalición Canaria ha pedido este martes al Parlamento de Canarias la entrega de una copia del dictamen jurídico relativo al plazo de la concesión del Puerto de Santa Águeda, emitido por Francisco José Villar Rojas, catedrático de derecho administrativo, por encargo de la entonces  Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias cuando gobernaban los nacionalistas. En esta superficie se ubica la cementera brasileñoasturiana Ceisa. El artículo 47 de la Ley del suelo de Canarias señala que "en particular, el suelo urbano consolidado que se incluya en actuaciones de reforma o renovación de la urbanización, así como en actuaciones de dotación, tendrá, a efectos de gestión, la consideración de suelo urbano no consolidado con las singularidades y particularidades que establece la ley". Pero esto tiene matices porque entra en el fondo del Código Civil cuando se menciona que cuando haya "pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las Leyes, incurrirá en responsabilidad".

Villar Rojas, fue redactor de la Ley del Suelo ha precisado que, en tanto el planeamiento insular fue aprobado de forma definitiva por el Gobierno de Canarias queda vinculado por su decisión, de la que no puede separarse siendo nula la dispensa o la derogación singular de su contenido. La solución que propone el Gobierno de Canarias para el puerto de Santa Águeda, un uso compartido turístico-industrial para congelar durante al menos seis años el conflicto entre la patronal hotelera y la empresa asturianocarioca de El Pajar, ya fue rechazada de plano en el informe jurídico-administrativo elaborado por dos expertos de la Universidad de La Laguna, el catedrático de Derecho Administrativo Francisco José Villar Rojas y el profesor titular de ese departamento Andrés González Sanfiel, como informó La Provincia en agosto de 2022.

El dictamen jurídico y externo que encargó la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) sobre la situación del Puerto de Santa Águeda, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, se hizo público el 31 de diciembre y determina que el uso industrial resulta incompatible con el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIO), que prevé para esa infraestructura un destino turístico y, específicamente, un uso náutico y deportivo. La concesión del uso industrial del puerto venció en marzo de 2020, 63 años después de la autorización original y su explotación se encuentra en la actualidad en precario.

El autor del informe es el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, Francisco Villar Rojas, junto al profesor Andrés González Sanfiel, concluye que la continuidad del uso industrial del referido puerto es inviable y no cabe prórroga alguna de la concesión con la que ha venido funcionando. La normativa actual establece la deslocalización de la cementera donde se debe dar traslado, lo que implica la eliminación no solo del impacto paisajístico que produce la actual instalación sino también las emisiones y ruidos derivados de una industria de estas características.

El traslado de la cementera se valora como una oportunidad que genera una “mejora paisajística que supone eliminar las instalaciones de la cementera de Arguineguín” o la “eliminación de las emisiones por desaparecer la cementera”, a tenor del planeamiento insular. La Administración portuaria estaría obligada a recuperar el puerto y decidir el modo de gestionarlo, bien de forma directa o mediante licitación pública. Asimismo, el PIO es obligatorio para todas las administraciones públicas y particulares y prohíbe el uso industrial del puerto, a tenor de los cambios generados en la Ley del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.