Corría el año 2010 cuando el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana firmaron un convenio para sustituir a la Policía Local por el cuerpo autonómico de seguridad en materia de turismo. 13 años después de ese convenio no se sabe nada porque no se ha ejecutado. La presencia de la Policía Canaria no se conoce en el sur de la isla salvo para vigilar carreras y abrir expedientes en turismo deportivo a carreras de karts por el campo. Una especie de policía deportiva.
En aquel 2010 el consejero regional José Miguel Ruano, y la alcaldesa, María del Pino Torres, establecieron el acuerdo que señalaba que "el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) y la Policía Local de San Bartolomé prestarán servicios de manera conjunta para velar por el cumplimiento de la ordenación turística", tal y como establece la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria". Ésta atribuye expresamente a este cuerpo policial autonómico la función de velar por el cumplimiento de la legislación de ordenación del turismo de Canarias.
Era el primer convenio de colaboración del CGPC con un municipio turístico y suponía "un punto de partida de un modo de hacer las cosas, de un modelo a seguir que reforzará la estructura de seguridad de los mismos", decía Ruano. El acuerdo establecía que se impartiría formación específica a través de la Academia Canaria de Seguridad "a aquellos cuerpos policiales de los municipios que suscriban los convenios", anunció el entonces consejero. María del Pino Torres defendía este convenio y que "sin duda, el municipio se verá beneficiado al contar con más efectivos y poder establecer una coordinación más estrecha con el CGPC, cuya creación ha supuesto un gran avance para la Comunidad Autónoma", resaltaba. Entonces era concejal de Policía del municipio Roberto Martel, que explicaba que el trabajo de los agentes se concentrará principalmente "en las zonas turísticas y en los lugares conflictivos".
