Los propietarios de apartamentos procedentes de Las Palmas que no venden en el sector del turismo porque lo emplean como residencia han logrado colarse en el debate electoral para los comicios de mayo de 2023. El consenso impuesto por el PSOE en el Gobierno de Canarias de no hablar de este tema tiene doble efecto: que los propietarios comparten residencia, en el caso de los matrimonios, entre Las Palmas y el sur de la isla. 

Los partidos locales, en especial Nueva Canarias que controla Urbanismo, tienen preocupación porque temen que un tema ajeno a los vecinos monopolice las elecciones cuando los señoritos de Las Palmas vulgarizan mayormente el destino no cumpliendo con el debido respeto a las normas básicas de convivencia (toallas colocadas de forma inadecuada o ruidos en entornos de descanso).

Es decir: el desgaste sobre el debate de la presencia de particulares viviendo en apartamentos turísticos es una bomba de relojería electoral sobre la candidatura de Carolina Darias en el Ayuntamiento de Palmas y de Augusto Hidalgo en el Cabildo de Gran Canaria. La mayor parte de los propietarios son herederos de funcionarios franquistas de la Falange o que compraron al hilo de los precios hundidos tras el pinchazo de la burbuja de 2008.

El problema de los residentes en el sur de Gran Canaria a juicio de propietarios que explotan grandes unidades es que vulgarizan el destino y tampoco lo defienden porque sus urbanizaciones están hechas un asco y han generado un efecto arrastre en los centros comerciales próximos. ¿Quién va a invertir en centros comerciales cuando los potenciales compradores no son turistas? Esa es la ecuación.

La catedrática de Geografía Humana de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc), Josefina Domínguez, ha advertido que "es más sencillo hacer la moratoria que regular la vivienda vacacional" dado el perfil heterogéneo de los propietarios y a que es competencia de los ayuntamientos vía ordenanza. Ha indicado que según una encuesta elaborada por la ULPGC el 20% de los residentes en Canarias tiene una segunda residencia.

Ha admitido que la vivienda vacacional "genera conflictos" y ha insistido en que "no es tan sencillo" regular porque la propiedad es muy compleja, incluso en manos de grandes fondos de inversión. "Escapan a nuestro control y hace más difícil la ordenación territorial, ya no solo es la moratoria, se filtra de forma invisible en el territorio, es una nueva etapa del capitalismo digital", ha agregado.