Las autoridades judiciales del sur de Gran Canaria investigan por una denuncia de la interventora del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana las licencias de reformas de hoteles que ha hecho Urban 2000 y que, de acuerdo con lo que hay en la página web de la empresa, puede general un escándalo mayúsculo. Entre otras, la empresa hizo reformas a la oficina de Blackstone en Las Palmas, al restaurante El Churrasco en Tenerife, la reparación de fachada en el grupo de las 19 viviendas de Guaydil III, para Instituto Canario de la Vivienda, la cubierta Cicca, Edificio Corfarca o el Edificio Chivilcoy.

El funcionario de Tirajana acusado debería ser Antonio S. R. Los otros tres socios serían Ancor M., Cresencio G. y Marta T. La esposa de Santana R. es Patricia L., hermana de la esposa del expresidente de la CCE de Las Palmas, es decir, cuñada de Agustín Manrique de Lara. Los directivos de Urban 2020, habrían tenido intereses en una sociedad que fue a la concursal y que se llamaba Gedetec, que desarrollaron promociones en Tafira y El Cortijo, Telde.

Según los datos de Canarias 7, la Justicia investiga al jefe de Fomento en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y a su esposa, "por presuntamente, agilizar los permisos de las obras que él tramitaba si las empresas contrataban los servicios de la constructora de la que su mujer es una de las propietarias". Además, "la Fiscalía Anticorrupción encargada de este procedimiento, considera que hay indicios suficientes para deducir que este alto funcionario eludía el control del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a los empresarios que presuntamente favorecía, denuncia".

El diario agrega que a juicio de la Fiscalía "existen indicios más que suficientes para llegar a la conclusión de que Antonio Juan S.R. ofrecía tratos de favor a empresas del sector hotelero que contrataban los servicios de la constructora Urban 2020, de la que su esposa ostentaba el 25% de las participaciones sociales. Esta mercantil tenía como socia a la investigada Patricia L.F., que a su vez es la administradora única de la empresa Sauria Société".

Los hechos fueron denunciados en 2022 por la Fiscalía Anticorrupción. En las diligencias preprocesales que llevó a cabo el fiscal Anticorrupción Javier Ródenas, tomó testimonio de dos testigos que coincidieron en describir el presunto modus operandi de los investigados. Uno de ellos, manifestó que estaba obligado a contratar a Urban 2020 "al amparo de la licencia cuyos proyectos e informes técnicos son necesariamente informados por el técnico municipal" Antonio Juan S.R. Todo ello para el supuesto "beneficio indirecto" de la constructora en la que participaba su esposa.

El otro testigo, según Canarias 7, "manifestó que intentó obtener la licencia municipal para una obra de 27 viviendas de segunda residencia en El Salobre, y uno de los socios de Urban 2020 le dijo que 'las obras [...] las haría Urban 2020 o si no, bloquearían la sociedad'". La autoridad judicial investiga numerosos expedientes de complejos turísticos del sur de Gran Canaria, que tuvieron un "deficitario control del impuesto ICIO" por parte del alto funcionario. "En este procedimiento, se está a la espera de que la UDEF confeccione un atestado policial en el que identifiquen claramente cuatro puntos que serán cruciales para esta investigación", apostilla Canarias 7.