El poder empresarial y de funcionarios en Gran Canaria culmina la campaña electoral sin querer hablar de la industria del turismo en el sur de la isla y evitando mencionar cuestiones que afectan a los vecinos como la planta cementera de capital brasileño y asturiano que hay en En Pajar. Ni CC en sur de la isla ha sido capaz de hablar de este asunto en campaña aunque corresponda a San Bartolomé de Tirajana. Se sabe que AV-PP y PSOE defienden que se quede en ese escenario como demanda vecinal que es de la zona. La empresa cree que habilitar el suelo no será posible antes de 2028 y la Autoridad Portuaria de las Palmas tampoco cree posible la concesión de atraque en ese puerto antes de ese ejercicio.

En verano la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo ha remitido al consejero de Obras Públicas del Gobierno canario, Sebastián Franquis, una carta en la que le alerta de que una prórroga de la concesión de la cementera Ceisa en Arguineguín iría contra el ordenamiento y la legalidad. En teoría hay consenso para que el puerto pase a ser deportivo tendrá que modificarse la revisión del Plan Insular de Ordenación que tramita el Cabildo de Gran Canaria, de modo que el uso turístico de la pieza de Santa Águeda se convierta en determinante, y luego el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana tendrá que adaptar su Plan General y cambiar el uso industrial de la parcela de la cementera por otro turístico.

Así se recoge en una carta firmada por José María Mañaricua, presidente de la FEHT, en la que se detallan los reparos jurídicos para la prórroga de esa concesión. La planta extranjera de Ceisa pretende seguir con la cementera en Arguineguín hasta 2046, aferrándose a que sigue viva en paralelo la concesión de la cantera de San José. Sin embargo, la FEHT sostiene que no cabe esa vinculación desde el punto de vista jurídico, a lo que se une el hecho de que el planeamiento vigente no permite una actividad como la de la cementera en el puerto una vez caduque la concesión.