La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha ordenado a los servicios jurídicos del ayuntamiento que modifique la norma que permite uso sociosanitario en zona turística cuando el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM) de Mogán permite que el 50% de un complejo turístico se destine a un uso residencial-sociosanitario. Bueno ha mandado a agentes locales de Policía al complejo donde se ubican pacientes sanitarios que no pueden ser atendidos en Las Palmas. Bueno, alcaldesa nacionalista de Coalición Canaria, ha comparado a los pacientes canarios que están desamparados con inmigrantes ilegales llegados en patera. La edil ha indicado que el complejo Palmera Mar busca mayor rentabilidad económica al buscar un nicho de mercado desatendido.
Bueno, de CC, se ha encontrado con este expediente tras la medida aprobada por Sanidad (antes PSOE) y Bienestar Social (antes Podemos) y que cuenta con el respaldo de centrales sindicales y plataformas médicas contra la saturación sanitaria. Se trata de un espacio de personas que no reciben ese servicio en un centro público por falta de plazas, un asunto que compete resolver al área de Bienestar Social del Gobierno canario y los cabildos. Onalia Bueno asegura que la medida es "ilegal".
Los que se atienden son personas desamparadas que han recibido el alta pero han continuado ocupando camas hospitalarias, aunque ya no tienen un problema de salud que lo justifique, es decir, que han dejado de ser pacientes del SCS. Mayormente abandonadas por familiares o que no tienen a nadie en este mundo que les atienda. Esta orden conjunta regula la derivación de personas con el alta hospitalaria a un recurso en tránsito en tanto obtienen una plaza definitiva en un centro sociosanitario, subrayan. Bueno no se opone a la atención social pero advierte que el planeamiento municipal impide el uso sociosanitario en suelo turístico.
