Las viviendas vacacionales ya llevan un tiempo entre nosotros. Airbnb (plataforma principal que impulsó este modelo a nivel mundial) se fundó en 2008 como una red para compartir habitación, pero tan solo cuatro años más tarde ya tenía oficinas en seis países y servía como intermediario  entre arrendadores que ofrecían su vivienda para uso turístico o vacacional y los huéspedes que adquirían estos servicios. 

Lo que empezó como una alternativa barata y asequible para viajeros con poco presupuesto, acabó profesionalizándose y, con ello, suponiendo un problema en el sector inmobiliario y urbanístico en múltiples países como en España. De este boom surgió un término que hasta el momento era desconocido para muchos: gentrificación.

Se comenzaron a comprar bloques de viviendas enteros, reformar edificios e incluso habilitar locales comerciales para dedicarlos a este tipo de alojamiento, provocando un aumento en el precio de la vivienda y del alquiler en las principales ciudades de los países en los que operaba la compañía pero extendiéndose rápidamente a barrios en las afueras, ciudades costeras e incluso zonas rurales.

Una situación que comenzó a crear controversia social, con una división entre gran arrendadores y propietarios que se planteaban entrar en un negocio en expansión y vecinos afectados por el incremento en los alquileres y la gentrificación de los barrios.

Una situación en la cual no tardaron en entrar las instituciones. En diciembre de 2016 en Barcelona, el consistorio de la ciudad condal fue condenado en costas al reconocer ante el Juzgado que la actuación administrativa no se ajustaba a derecho después de las inspecciones masivas iniciadas a mediados de 2014. Además, multitud de organizaciones (hoteleras, turísticas, sociales…) comenzaron a pedir una regulación de estos servicios.

Y así ha sucedido en Portugal, donde no se han andado con rodeos y prácticamente han capado el negocio de las viviendas vacacionales vía impuestos y limitaciones. El gobierno luso ha decretado que las viviendas vacacionales deberán pagar un 15% de contribución extraordinaria, aunque en principio se llegó a hablar hasta de un 35%.

También ha prohibido la emisión de nuevas licencias en Lisboa, Braga, Oporto y diversos puntos de la costa y, por último, le ha otorgado a las comunidades de vecinos la potestad de decidir si quieren albergar viviendas vacacionales en su bloque, lo que también les permite revocar licencias ya otorgadas y en funcionamiento si así lo considera la mayoría de los vecinos.

Esta postura de Portugal contrasta con la de Bruselas, que en noviembre del pasado año prometió regular el alquiler vacacional, pero no otorgó ninguna certeza más allá de algunas propuestas como el registro de transparencia y ciertas políticas en cuanto a la transparencia de datos.

Queda por ver la postura que adoptará España en este aspecto, más aún teniendo en cuenta la relevancia que el turismo tiene en este país y, sobre todo, en Canarias, donde el turismo supone el principal motor económico. La presión por parte del sector hotelero, las quejas por las subidas de los alquileres, la imposibilidad de adquirir una vivienda para uso propio en muchas ocasiones y la gentrificación de los barrios en grandes ciudades hace que la opción portuguesa resulte muy atractivo en diversos sectores de la sociedad, pero será el Gobierno central quien tenga la última palabra en esta nueva etapa que vive el sector de las viviendas de alquiler vacacional.