La decisión de los propietarios particulares de apartamentos del sur de Gran Canaria de obviar la turoperación y hacerlo directamente ya genera un cráter a los TT.OO de cerca de 591 millones de euros anuales, según se desprende de los estudios oficiales que maneja la ULPGC. Pero son 591 millones de euros que tributan en el sur de la isla dado el marcaje que tiene la AEAT a este sector. Airbnb y plataformas de alquiler similares colaboran con Hacienda, emitiendo informes sobre los contratos de arrendamiento. Estas compañías ayudan y actúan como intermediarias a la hora de recaudar el impuesto del 21% de los ingresos relacionados con los alquileres cortos. Es decir, la práctica Airbnb ayuda a Hacienda a conocer qué impuestos deben pagar quienes utilizan su plataforma.
La actual regulación sectorial contempla una situación excepcional articulada a través de la Ley del Suelo de Canarias que permite el uso residencial para las situaciones consolidadas antes del 1 de enero de 2017, si bien la misma norma autonómica. Son 591 millones de euros anuales frente a los 9.000 millones anuales que mueve el turismo en el sur de Gran Canaria. El mercado es el mismo, pero más horizontal. Las autoridades municipales quieren ordenar pero no regular el mercado y que sean los empresarios los que se autogestionen y, quien no pueda operar, que se marche a otros destinos a ver si ahí van a contar con fondos públicos de promoción; pero que la población local que ha invertido tiene derecho a recibir ganancias del turismo. Eso de mandar a líderes institucionales a defender un negocio de extranjeros mayoristas aquí, de momento nada.
La guerra por el control de las migajas del destino ha generado que los propietarios procedentes de Las Palmas o de otras partes de Europa opten por colocar en Airbnb o Booking su apartamento en contra del criterio oficial. Es una medida legal donde las autoridades municipales tienen escaso margen de maniobra porque es la propiedad privada qe ha decidido comercializar en un formato digital de manera individual y no de manera colectiva.
El asunto es que la patronal del sector reclama que se ordene el mercado y las autoridades locales responden que el mercado no requiere que se intervenga sino que se ordene. Esto afecta a todo el negocio del turismo del sur de Gran Canaria, la capital económica de la isla. Pero la gente de Las Palmas que vive en el sur o alquila en Airbnb o Booking su negocio no quiere saber nada de la tesi de los empresarios mayoristas.
El pasado mes de febrero la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas ha advertido que los procesos de residencialización de los inmuebles turísticos y la "voladura" del principio legal de unidad de explotación implica riesgos "notorios y evidentes" para la actividad económica y que cualquier decisión legislativa de las administraciones públicas que "suponga un daño al sector turístico de las islas a través de la tolerancia con la residencialización es la peor política de vivienda posible".
