Los ediles de NC, Javier Romero y Juan Manuel Gabella, han registrado en el día de hoy un escrito dirigido al interventor municipal, en el que le solicitan que extienda el período de fiscalización de los contratos menores a julio de 2015. De este modo, la fiscalización y control de todos los contratos menores se realizaría desde la llegada de Onalia Bueno a la alcaldia de Mogán

 Para los concejales nacionalistas, su petición se encuentra justificada en la tercera apertura de un procedimiento judicial, en el que se investiga el posible fraccionamiento de contratos menores con el fin de evitar el procedimiento, que la ley de contratos del sector público establece, para presuntamente favorecer a  determinadas empresas, evitando la libre concurrencia que consagra dicho cuerpo legal.

Desde NC se tiene conocimiento, al menos, de tres procedimientos judiciales abiertos contra responsables políticos del Ayuntamiento de Mogán, por supuestamente trocear contratos menores. En este sentido, recuerdan que los juzgados de instrucción de Maspalomas, concretamente el número 3 y el número 1, están investigando a los concejales Mencey Navarro, Rayco Guerra y a la alcaldesa de Mogán por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa por el fraccionamiento de contratos.

 Estos hechos constituyen indicios sólidos que debe tener en cuenta el interventor municipal para realizar un control mas exhaustivo, que abarque un periodo mayor y poder detectar las irregularidades que podrían haber cometido los responsables políticos del Ayuntamiento de Mogán.

En este sentido, los ediles nacionalistas inciden en su escrito que el ámbito temporal de cualquier investigación no debe ser arbitrario, sino responder a la lógica de los hechos fiscalizados y al marco legal aplicable. En el caso de las presuntas irregularidades en el fraccionamiento de contratos públicos con el objeto de su adjudicación directa, sin sujeción a los principios de publicidad y competencia que rigen la contratación pública, se estaría frente a posibles actos de prevaricación administrativa, indicativo de otros delitos tales como cohecho, o malversación de caudales públicos que corresponde dilucidar a los juzgados. 

Para NC resulta evidente que, dado que en dos de las investigaciones se hablan de contratos anteriores al 2018, el pedido de revisión y control por parte del interventor, debe abarcar un ámbito temporal mas amplio y anterior al 2019, ya de lo contrario estaría, en cierto modo, considerando como ajustado a derecho contratos que incumplen la ley de contratos. 

La función interventora es garantizar que, la gestión económico-financiera, se ajuste a los principios de legalidad, eficiencia y economía. No extender el periodo de investigación compromete no solo el esclarecimiento de la verdad y la posibilidad de restaurar el orden jurídico perturbado, sino también la confianza ciudadana en sus instituciones. 

Los ediles de NC, Javier Romero y Juan Manuel Gabella, han mostrado su confianza en que el interventor municipal acceda a lo solicitado, y revise toda la contratación menor realizada desde que Onalia Bueno es alcaldesa, para garantizar el derecho de todo ciudadano a una buena administración, principio consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y reconocido en nuestro ordenamiento.