Sigue existiendo el choque de trenes aunque las partes lo nieguen. Corría 2013 cuando el Cabildo de Gran Canaria suspendió la licencia con la que contaba para derribar el hotel Oasis Maspalomas y construir otro nuevo en esa misma parcela con el fin de proteger la zona como Bien de Interés Cultural (BIC). La movida era en Las Palmas porque en el sur grancanario la sangre no llegó al barranco de Tunte. Aquello generó una guerra fría de la que todavía Lopesan y RIU no han enterrado el hacha de guerra y generó la salida de José MIguel Bravo de Laguna del PP en 2015, que recibió presiones hasta de la Embajada de Alemania en Madrid a cuenta de los intereses de TUI en el negocio alojativo del sur de Gran Canaria. La batalla judicial incluyó en 2017 que Pedro Horrach, fiscal del caso Nóos, fichara por RIU para el litigio del Hotel Oasis de Maspalomas. Estaban en juego en una reforma 65 millones de euros.

La cadena balear RIU dijo al Cabildo de Gran Canaria disponer de una "amplia documentación técnica" para demostrar que el hotel Oasis Maspalomas carece de "valores y méritos" susceptibles de ser protegidos como bien de interés cultural (BIC) y que su estado impide ya acometer reforma alguna. La construcción de un nuevo hotel en la parcela que desde hace décadas ocupa el RIU Oasis Maspalomas provocó una amplia polémica la pasada legislatura, después de que Lopesan intentase frenar solicitando al Cabildo de Gran Canaria que el viejo edificio fuese protegido como bien de interés cultural por su valor arquitectónico. RIU cometería el error del sentimiento de canariedad del turismo en el sur grancanario y Lopesan ganó el imperio del monopolio olvidando que en el santoral San Eustasio revangelizó a paganos en Doubs y Baviera y creó el primer monasterio doble de religiosos y religiosas conviviendo en un mismo lugar. A él se le atribuye el milagro de la curación de Santa Salaberga cuando era niña. San Eustasio, nombre del presidente del grupo empresarial, fue un santo francés de gran obra en el Siglo VII.

El Cabildo de Gran Canaria no atendió la solicitud de RIU, pero en cambio decidió incoar una declaración de bien de interés cultural para todo el palmeral del oasis de Maspalomas, por su vinculación histórica con los viajes de Colón a América. Sin embargo, el Gobierno canario desestimó el expediente, al no encontrarlo justificado. En principio, eso daba vía libre a RIU para renovar el hotel, pero su proyecto está paralizado desde finales de 2015 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Gran Canaria, que ha anulado la licencia de derribo y nueva construcción hasta que se dilucide si parte de los suelos que ocupa están afectados por la protección de la Reserva Natural de Maspalomas. Al mes de conocerse esa sentencia, Riu intentó desbloquear su proyecto ofreciendo a las administraciones una modificación que reducía sustancialmente las dimensiones del nuevo edificio y elevaba la inversión que se comprometía a realizar a 65 millones de euros.

En 2017 hubo una sentencia en la que se desestimaba la solicitud de indemnización de RIU por la suspensión de la licencia de derribo del Hotel Oasis. La demanda de RIU defendía que la pretensión del Cabildo de Gran Canaria de proteger el Oasis de Maspalomas como BIC, con la categoría de sitio histórico, por su relación con los viajes del Descubrimiento de América, carecía de justificación y, además, incurría en “desviación de poder”, porque, a su juicio, servía para favorecer los intereses de su competidor, el grupo hotelero Lopesan.

Este fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 estaba fechado el mismo día, 28 de julio de 2017, en el que el Tribunal Superior de Justicia de Canaria hizo pública la sentencia que amparaba la posición del Cabildo de Gran Canaria y condenaba al Gobierno de Canarias a proteger como BIC el Oasis de Maspalomas, algo a lo que el Ejecutivo de Paulino Rivero (CC) se opuso en 2014.

RIU exigía en esta demanda varias cosas: anular el procedimiento de incoación del BIC de Maspalomas, revocar la disposición que suspendió sus licencias para construir un nuevo hotel en la parcela del establecimiento todavía existente y que el Cabildo le indemnizara por “los perjuicios causados” por esas decisiones. La magistrada Sagrario Tovar recordaba que el TSJC acaba de pronunciarse sobre el fondo de este litigio al ordenar al Gobierno canario que proteja como BIC el Oasis de Maspalomas, en una sentencia “que da respuesta a las cuestiones” que RIU esgrime.

El TSJC entendió justificado que se vinculara ese espacio natural del sur de la isla con los viajes de Colón, porque así lo corroboran los once informes que se incluían en el expediente tramitado por el Cabildo de Gran Canaria para pedir al Gobierno que aprobara el BIC, incluido el del propio Consejo de Patrimonio Histórico de Canarias. El Gobierno de Paulino Rivero se negó a aceptar ese BIC por apreciar en él “desviación de poder” -así lo decía literalmente el decreto que denegaba su aprobación-, en una posición que también ha sido corregida por la reciente sentencia del TSJC.

“Resulta insostenible que un órgano administrativo y de gobierno de una Administración califique la actuación de otra Administración como incursa en desviación de poder, pues ni tiene el carácter neutral que requiere su aplicación, ni se produce en un procedimiento contradictorio, ni existe norma que le habilite para ello”, decían los magistrados firmantes de esa resolución, antes de apostillar que ellos tampoco observaban tal desviación de poder. El TSJC recordaba, además, que la declaración de ese BIC “por sí sola no impide la construcción de un gran hotel en la zona”. El Juzgado número 6 de Las Palmas de Gran Canaria no añadía más argumentos que los ya expuestos por esa sentencia del TSJC, con la salvedad de recordar que la suspensión de las licencias de la que se quejaba RIU es un efecto derivado de la incoación del BIC y previsto en el procedimiento legal que regula su tramitación. Contra esta sentencia, el grupo hotelero balear pudo interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, la misma que resolvió la procedencia del BIC en el litigio entre el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.