La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, llegó este martes a Tenerife para reunirse con Fernando Clavijo tras un año nefasto en materia migratoria
El nuevo año no ha mejorado la situación migratoria en las islas. 2024 ha comenzado con más de 500 llegadas en los primeros días del año, más de la mitad a Gran Canaria. Cerca de 300 personas en busca que huyen de su país en busca de oportunidades y una mejor vida, pero que a su vez tensionan más y más los recursos de un archipiélago que ya se ha visto desbordado este 2023 con la mayor crisis migratoria desde que se tienen registros, superando así a la de 2006.
Una crisis que Fernando Clavijo ha reiterado por activa y por pasiva que debe tratarse como asunto de Estado y que desde la Península se ha abordado asintiendo y prometiendo pero con pocas acciones, siendo más las derivaciones y los traslados entre islas que a los distintos centros de acogidas ubicados en territorio peninsular.
Una crisis en la que el archipiélago ha tenido aliados como el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, que en octubre del pasado año se ofreció a acoger cientos de migrantes en su municipio. Sin embargo, la desgana y la “solidaridad impuesta” han sido la tónica general estos últimos meses con algunas derivaciones a centros de la Península que ayudan, pero que no supone ni el 1% de lo que necesita el archipiélago para aliviar la presión migratoria que sufre a diario.
Por ello, la nueva ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha llegado estos primeros días del año a Canarias para abordar esta cuestión. Una visita que inició en Tenerife visitando campamentos de migrantes y reuniéndose con Fernando Clavijo y miembros del Ejecutivo regional para abordar la derivación de migrantes a territorio península, concretamente de menores migrantes.
“El Gobierno cumple lo que promete” afirmó Saiz ante los medios refiriéndose a esta cuestión, asegurando así que la distribución de menores migrantes entre las Comunidades Autónomas será obligatoria. Una medida que no solucionará la crisis migratoria pero que, de ser cierta, aliviará la presión asistencial en el archipiélago ante las llegadas diarias que se están viviendo.
Un “parche” mientras se mira con ansia hacia Bruselas a la espera de que el pacto migratorio europeo siga dando pasos de cara a su confirmación, lo que supondría el traslado de 30.000 migrantes al año a estados menos expuestos a las llegadas entre otras medidas que pretenden dar un respiro a las principales zonas que reciben migrantes a diario.
Un pacto que no es perfecto y al que, tal y como han afirmado figuras políticas como Fernando Clavijo o Ángel Víctor Torres, le faltan “flecos” (sobre todo en materia humanitaria) pero que al menos hace visible un atisbo de acuerdo en Europa ante un asunto que tiene al archipiélago canario contra las cuerdas.