Son los que se hicieron ricos de Las Palmas a costa de la mano de obra medieval del sur de Gran Canaria antes de llegar la bendición del turismo. La empresa agraria en declive es el mayor operador agrario según CC.OO y en 2024 quiere ser promotor de energía fotovoltaica. Bonny recibió el pasado 15 de diciembre la noticia de acceso a 1.209.170 de euros de ayuda por el transporte de mercancías a la Península por el tomate, pepinos y pimientos que comercializa. En noviembre pasado captó 67.281 euros por seguros agrarios y en septiembre de 2023 1.710.965 euros por el Poseican.

En 2022 la empresa agraria líder en captación de dinero de los contribuyentes accedió a  1.129.119 euros por transporte y en 2021 sumó por este concepto 1.710.965 euros. En 2020 Madrid le colocó 2.259.008 euros de ayuda al transporte. Ninguna de estas partidas presupuestarias aparece en la web corporativa de la empresa que, como la prensa oficial de Las Palmas está pendiente de la gordofobia o de los centros comerciales del sur de la isla, no hacen noticias sobre los operadores que se beneficiaron presuntamente de la esclavitud moderna al calor de hacerle favores a Franco durante la Guerra Civil. Tampoco tiene copia de las auditorías de RSM que hace a la empresa tomatera que quiere desarrollar con fondos europeos energías fotovoltaicas fuera de tarifa regulada.

El Comisionado de Transparencia de Canarias que preside Daniel Cerdán, con sede en Tenerife, no tiene constancia de la existencia de cumplimiento de la norma en la publicidad de ayudas dado que tiene 12 empleados y son al menos 741 empresas en todo el archipiélago mantenidas con fondos públicos. 

De otro, el Comisionado de Transparencia, ha abierto un canal para denunciar las infracciones normativas o relativas a la lucha contra la corrupción, y que se une al que hay para presentar denuncias por incumplimientos informativos de los portales de transparencia. El Comisionado de Transparencia ha informado de que se trata de un canal preferente para informar de las infracciones, siempre que la persona informante considere que no hay riesgo de represalia y se pueda tratar de manera efectiva la infracción.