La guerra judicial abierta en Madrid por Santana Cazorla contra Lopesan tiene un frente claro: el dinero. Santana Cazorla comenzó con apoyo de capital suizo, a meterse en la compra de suelo de familia del Conde de la Vega Grande desde 1985 hasta que la entrada de España en el euro consagró como uno de los mayores grupos de construcción y servicios de Canarias y ahora, tras perder buena parte de los activos, se refugia en el time sharing Anfi del Mar y donde los propietarios de espacios temporales comprados asisten perplejos en Europa a ver qué pasa con sus inversiones dado que Lopesan en time sharing tiene poca experiencia y temen que los complejos pasen a ser hoteles puros y duros.
El grupo empresarial Santana Cazorla, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, entró en concurso de acreedores el 22 de marzo de 2021. El concurso fue declarado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas, y se tramita por las normas del procedimiento ordinario. La empresa llegó a emplear a 2.000 personas y fue un importante motor económico para el sur de Gran Canaria. En toda la espiral judicial un detalle: antes que Lopesan comprase parte de Anfi del Mar, Grupo Anfi denunció a su presidente por "apropiarse" de un barco que pertenece a la empresa, sacarlo de España y llevárselo hasta Marruecos. Un hermano denunció al otro. La embarcación figuraba en los registros como patrimonio del Grupo Anfi hasta en 2017, momento en que el demandado decidió inscribir a su nombre dicha embarcación, informaba entonces La Provincia.
Según las previsiones de la empresa gestora de Anfi del Mar los ingresos de la urbanización en 2023 fueron de 118 millones de euros. Esta cifra representa un aumento del 10% respecto a los ingresos de 2022. Los ingresos procedentes de la explotación turística representaron el 40%. Los ingresos procedentes de la explotación turística habrían aumentado un 5% gracias a la recuperación del turismo internacional tras la pandemia de COVID-19.
El grupo empresarial Santana Cazorla y el grupo Lopesan están enfrentados en una serie de procesos judiciales relacionados con la venta de Anfi del Mar, la urbanización turística situada en la costa sur de la isla de Gran Canaria. En 2021, Manuel Santana Cazorla, uno de los socios fundadores del grupo Santana Cazorla, vendió el 50% de sus derechos en el grupo a IFA Touristik, una empresa del grupo Lopesan. Esta venta se produjo en medio del concurso de acreedores del grupo Santana Cazorla.
Los socios restantes del grupo Santana Cazorla, encabezados por Santiago Santana Cazorla, hermano de Manuel Santana Cazorla, consideran que la venta de Anfi del Mar fue ilegal y que se realizó para perjudicar a la empresa. Por ello, han presentado una serie de querellas contra el grupo Lopesan y Manuel Santana Cazorla, acusándolos de estafa, administración desleal y apropiación indebida. Las querellas han sido archivadas en tres ocasiones, pero los socios del grupo Santana Cazorla han recurrido las resoluciones. El caso está pendiente de resolución por parte de la Audiencia Provincial de Las Palmas.
En paralelo a las querellas, el grupo Lopesan ha presentado una demanda contra el grupo Santana Cazorla para reclamar la propiedad de Anfi del Mar. El grupo Lopesan argumenta que la venta de la urbanización fue válida y que tiene derecho a su propiedad. El caso está pendiente de resolución por parte del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Las Palmas de Gran Canaria. La resolución de estos procesos judiciales tendrá un impacto significativo en el futuro de Anfi del Mar. Si el grupo Lopesan gana la demanda, la urbanización pasaría a ser propiedad del grupo. Si las querellas prosperan, la venta de Anfi del Mar podría ser declarada nula y la urbanización podría volver a ser propiedad del grupo Santana Cazorla.
