El último informe de control del gasto público de San Bartolomé de Tirajana de la Audiencia de Cuentas de 2020 y al que ha tenido acceso Maspalomas24H advierte de la falta de respeto a los funcionarios de la Intervención Municipal y la injerencia de los políticos en el control del gasto público abusando de la oclocracia a la hora de manejar el dinero de los contribuyentes. Se aprovechó la pandemia de Covid19 para sortear controles e incluso abonar alguna ayuda oficial que se venía arrastrando por estar mal tramitada con un peticionario con deudas con la propia corporación local. La Concejalía de Hacienda estaba en manos del PSOE.
El informe, de 128 páginas, expone dos cosas que llaman la atención: una ayuda de 18.000 euros del año 2018 a la comunidad de propietarios Edificio Tamarán II para arreglar una fachada estando en mora municipal que se pagó aprovechando la pandemia de forma temeraria dado que los importes no coinciden. Pero donde hubo un cierto descontrol, por ser suaves, en el periodo de emergencias del Covid19 fue con las tarjetas de prepago para alimentos de emergencias, según el informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias hecho público este 2024. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (AV-PP y CC) no ha presentado alegaciones en contra, es decir, acataría o la coalición de gobierno actual no ha querido complicarse la vida o con el cambio de poder local no respondió en tiempo sobre septiembre de 2023.
Son dos contratos comprados a dedo: uno de 155.366 euros y 308.394 euros. La Audiencia de Cuentas señala que la "excepcionalidad que no está justificada" y "podría ser objeto de declaración de nulidad de pleno derecho" dado que la "función interventora era preceptiva y se ha omitido por la irregular tramitación por la vía de emergencia, cuando lo que hubiera procedido era sacar a la licitación pública el contrato con plena aplicación de los principios y garantías que establece la normativa contractual".
Se trata del contrato 10/2020 llamado 'Suministros de alimentos básicos y productos de primera necesidad para personas y familias en situación de emergencia social' tramitado como un contrato de emergencia y adjudicado el 27 de abril de 2020 por 155.366 euros y otro de julio de 2020 por 308.394 euros para la compra de 'Tarjetas de valor económico variable para intercambiar por productos de primera necesidad en los supermercados de alimentos y otros productos para satisfacer necesidades básicas” tramitado como un contrato de emergencia y adjudicado el 15 de junio de 2020.
En lo que respecta a las subvenciones nominativas se ha analizado la única concedida en el ejercicio, por un importe de 18.249 euros. Fue a a Comunidad de Propietarios Edificio Tamarán II, por un importe de 18.249 euros para el arreglo y adecuación de fachada. Fue tramitada como una subvención ex post, y por consiguiente concedida cuando la actividad ya había sido realizada. En 2020 se incluyó la subvención nominativa a través de una modificación de crédito extraordinario financiado mediante baja de créditos. No se encuentra en el estado de gastos determinado y explícitamente identificado el beneficiario. Tampoco la descripción detallada del objeto de la subvención, ni el fin, actividad o proyecto específico al que se encuentra afectado su entrega, tal y como dispone la norma. "No se ha dejado constancia del decreto de incoación del expediente, ni de la fiscalización previa y autorización del gasto", señala el informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias de enero de 2024.
Con respecto a la deuda tributaria con la Hacienda municipal de la comunidad de propietarios Tamarán II, la Audiencia de Cuentas dice que figura un certificado emitido por la Tesorería Municipal en el que se indica que figura como deudor de la misma; sin embargo, el reconocimiento de la obligación fue anterior al pago de la deuda tributaria que tenía el beneficiario. Además, no coinciden los importes de los ingresos con los que constan en el certificado de la Tesorería. "No consta el informe propuesta de concesión de la subvención y disposición del gasto" y "no se ha dejado constancia de la resolución de concesión de la subvención". Se denuncia que "no figura en el expediente la fiscalización previa del compromiso del gasto, la intervención previa del reconocimiento de la obligación, ni la formal de la ordenación pago, lo que fue advertido por la Intervención municipal en un informe de omisión de fiscalización"
La Audiencia de Cuentas admite que es cierto que era un periodo de emergencias pero que las medidas adoptadas no tienen cabida en esa teoría. "Sin diferenciar entre los sucesivos contratos, las tarjetas fueron depositadas en el departamento de servicios sociales, sin vinculación alguna con cada uno de los contratos adjudicados. Procediéndose posteriormente, y una vez concedida la subvención, a su entrega a los beneficiarios", denuncia el informe oficial.
