Los responsables de las vergüenzas que se han visto anunciadas este inicio de año como alojamientos turísticos empiezan a recibir sanciones
Entre 30.000 y 300.000 euros, esa es la cuantía de la sanción a la que se enfrenta un espabilado de Arrecife al que le pareció buena idea soltar 30 tiendas de campaña en una antigua tienda de muebles y ofertarlo en plataformas de alquiler vacacional como un espacio de ‘coworking’.
Un supuesto ‘coworking’ que acabó resultando en el alquiler de esa treintena de tiendas de campaña a turistas que, por necesidad o ahorro, elegían esta opción para hospedarse en las islas. Por supuesto, el local no tenía ningún tipo de licencia turística y realizaba su actividad ocultándose de los vecinos hasta el punto de exhortar a los turistas a “no dar explicaciones a nadie” sobre el local.
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Cuando se descubrió este asunto, el responsable detrás de este ‘innovador’ negocio tuvo la valentía de aparecer en las noticias de Televisión Canaria y afirmar que se trataba de “un coworking con zonas de descanso” y, con chulería, aseguraba que la gente no lo entendía porque “es un nuevo modelo de negocio”.
La consejería de Turismo insular ya ha anunciado que Inspección Turística ha puesto en marcha el expediente sancionador correspondiente por una infracción grave.
Sin embargo, no es la única alternativa disparatada que se ha ofertado como alojamiento turístico en este inicio de 2024 en Canarias. También en Lanzarote se ofertaba hasta hace unos días una cabaña en las inmediaciones del Volcán de La Corona por 50 euros la noche.
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Un alojamiento sin ningún tipo de licencia y en el que, para hacer de vientre, tenías que irte fuera de la cabaña y sentarte en un cubo de fregar ‘totalmente adaptado’ a las necesidades higiénicas del huésped.
Tenerife tampoco se libra de esta ola de emprendedores de pacotilla en el sector turístico. En esta caso, la propietaria de un piso en Santa Cruz de Tenerife decidió poner dos tiendas de campaña en la azotea del edificio en el que residía, la cual compartía al 50% con otra propietaria, y ofertarlas por 12 euros la noche.
Un hecho que se denunció y que, en el momento de desalojar la terraza, se descubrió que en una de esas casetas residía una madre italiana con su hijo. Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife condenaron estos hechos y avisaron de sanciones que podrían oscilar entre los 15.000 y los 30.000 euros.
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