Todo el mundo hace declaraciones sobre el derribo del RIU Tres Islas en La Oliva menos los dueños, que mantienen el mutismo absoluto esperando que la unanimidad de la clase política y empresarial sea suficiente para evitar el derribo del complejo Tres Islas que tiene en Fuerteventura. En el sur de Gran Canaria lo que pase con un recinto como ese le trae al pairo; pero lo que preocupa es otra cosa: un efecto contagio que condene al revisionismo zonas que están en ámbito de dominios del Estado como el espacio de Santa Águeda donde la cementera Ceisa y Cordial Hotels pugnan por el desarrollo de un negocio costero asociado a consumo hotelero.

Este lunes el Consejo de Gobierno de Canarias, a petición de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha acordado, durante la sesión celebrada esta mañana, el inicio de un procedimiento jurídico para reclamar al Estado las competencias exclusivas de la comunidad autónoma de Canarias en materia de Costas. Con esta medida pasa una cosa: que no es Turismo quien las pide sino Obras Públicas porque es precisa en dominio del litoral lo que está en juego. Con la tesis del Gobierno de Canarias las Dunas de Maspalomas o los camellos que tiene paseando turistas en el sur de Gran Canaria serían cosa de Canarias y no de Madrid. 

En este sentido, el Ejecutivo considera que el archipiélago, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía de Canarias, ostenta la competencia exclusiva en materia de ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio público. Este comprende la gestión de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, incluyendo todas las concesiones sobre dicho espacio, sin distinción alguna y sin reserva legal de competencias a la Administración general del Estado en esta materia.

El Gobierno canario no reconoce la competencia legal del Ministerio para la Transición Ecológica para dictar la resolución de 27 de febrero de 2024, por la que se declara la caducidad de la concesión otorgada por Orden Ministerial a la entidad mercantil Geafond Número Uno Lanzarote. La Comunidad Autónoma solicita actuar, de igual modo, en cualquier otro expediente en materia de gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, especialmente en el otorgamiento de autorizaciones y concesiones.