Agricultores del sur de Gran Canaria han comenzado a moverse para proponer una lista de cara a renovar COAG Canarias "o crear una propia paralela a esa de Las Palmas". Para ello, agricultores de las medianías de la isla esperan poder conformar una alternativa dado que que Inspección de Trabajo de Las Palmas haya abierto un expediente contra el presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias, Rafael Hernández, en el que se le acusa de haber empleado a migrantes menores en sus fincas de forma presuntamente ilegal, una de esas superficies en La Aldea. Según Canarias 7, y recoge ElDiario.es empleando un teletipo de Efe, el empresario también ejerce como pastor de la Iglesia Evangélica Bautista El Fondillo y fue expulsado del Consejo Evangélico Canario el pasado lunes con motivo de estos hechos.
El expediente tuvo su origen en una inspección que se efectuó el pasado 20 de junio en una finca propiedad de Hernández. Conforme a la noticia adelantada por el periódico Canarias 7, se trata de menores alojados en el centro Tagoror de Gran Canaria, dirigido por su hija, bajo la tutela del Gobierno de Canarias, a los que llevaba a trabajar a sus tierras, lo que fue denunciado de forma anónima ante la Inspección. Las supuestas irregularidades también fueron denunciadas este miércoles ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas, detalla el periódico, que indica que a los menores les pagaba entre 20 y 25 euros por largas jornadas de trabajo y, al parecer, les descontaba posteriormente dinero si no tenían un comportamiento correcto en el centro donde pernoctaban, según ElDiario.es empleando un teletipo de Efe.
Hernández, que también preside la Asociación Oportunidades de Vida de la que depende el centro Tagoror, se apoyaba en el marido de su hija para trasladar a los adolescentes a fincas situadas en Tafira –donde se produjo la inspección– y La Aldea, con la supuesta connivencia de una trabajadora social del centro de internamiento en régimen semiabierto, siempre atendiendo a lo publicado. Rafael Hernández dijo este marzo no haber contratado de “manera ilegal a nadie” y ha manifestado estar “sorprendido”, después de haber dedicado toda su vida a colaborar e impulsar trabajos sociales, por lo que espera que el asunto se aclare cuanto antes. Ha explicado que la COAG ofreció el pasado año un programa piloto de formación para menores migrantes, con el fin de buscarles una salida, que contó con subvención de la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias y pasó las inspecciones correspondientes para su puesta en marcha, según ElDiario.es empleando un teletipo de Efe.
Hernández ha señalado que algunas de las prácticas de formación se hacían en su finca, pero no todas, y que al programa accedieron menores migrantes de distintos centros de la isla, no solo el que dirige su hija. Ha admitido que Inspección de Trabajo efectuó una inspección en junio de 2023 en su finca y ha alegado que aportó toda la documentación que le fue requerida, si bien ha manifestado que, desde entonces no ha tenido ninguna comunicación al respecto, por lo que ha considerado que “todo obedece a una confusión que se resolverá, pero el daño está hecho”, según ElDiario.es empleando un teletipo de Efe.
Los hechos denunciados ante la Fiscalía narran que esta presunta trama se aprovechó de su “situación de poder para lucrarse en beneficio propio a expensas de los menores” que residían en Tagoror, “siendo llevados a trabajar repetidamente y de manera irregular a las tierras” propiedad del presidente de COAG-Canarias, refiere Canarias 7 según ElDiario.es empleando un teletipo de Efe. Tras conocerse estos hechos, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha pedido a la Fiscalía información sobre el caso. Ha afirmado que la Fiscalía no les ha comentado nada en relación con este hecho ni le ha pedido al Gobierno de Canarias que tome medidas cautelares ni ningún tipo de acción con este centro. Por tanto, ha continuado, están a la espera de información detallada de estos hechos por parte de la Fiscalía y de que les informe de si tienen que tomar alguna medida, como podría ser el cierre del centro.
