El Ministerio del Interior avanza en su plan de permitir que la Policía Canaria se haga cargo del control del Puerto de Arguineguín, permitiendo a las autoridades policiales canarias disponer de patrulleras marítimas, en detrimento de la Guardia Civil, que deberá replegarse. Antes que llegue la Policía Canaria lo hará la Policía Nacional a efectos de un proceso de transición. Ambos cuerpos, tanto Guardia Civil como Policía Nacional, gozan de gran prestigio entre los vecinos, Ayuntamiento de Mogán y empresarios del turismo por su gran control en la zona donde han desarticulado desde clanes yihadistas a mexicanos del tráfico de drogas. Para la Policía Canaria asumir estas competencias será todo un reto dada la alta demanda de servicios que deberá asumir y que afectará a zonas como puertos deportivos del tipo Pasito Blanco o la Marina de Anfi del Mar.
Esto es un proceso histórico que genera histeria entre las asociaciones de defensa laboral de la Guardia Civil ya que la vigilancia en zona de llegada de embarcaciones con migrantes ilegales va a experimentar cambios que van a depender del personal de la Comisaría del CNP en Playa del Inglés. ¿Hay trabajo para todos? Esto abre la posibilidad que Guardia Civil aumente sus esfuerzos de seguridad rural y vigilancia de zonas turísticas.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha denunciado el desmantelamiento progresivo de la Guardia Civil, "por la puerta de atrás y vulnerando la legislación vigente" de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde el Ministerio del Interior, la Secretaria de Estado de Seguridad y la Dirección General de Coordinación y Estudios.
Desde septiembre de 2023 este proceso está en marcha tras la entrega de las competencias de seguridad ciudadana y policía judicial en el Puerto de Santander a la Policía Nacional. Para AUGC esto es: "quitar las competencias en puertos a la Guardia Civil para entregárselas a las Policías Autonómicas y a la Policía Nacional, contrariando toda la normativa europea sobre fronteras, enfrentándonos una vez más a la Unión Europea y a Frontex, dejando en ridículo a España frente a nuestros socios europeos". AUGC ha solicitado "el amparo de los tribunales ante cualquier norma ilegal e inconstitucional que el Ministerio publique, o envie de forma oculta a la opinión pública".
