El Gobierno de Canarias ha adjudicado a una filial de Salcai que se llama Desic el operativo informático con el que se pone negro sobre blanco las operaciones de transporte de viajeros. Alsa ha comprado con una filial andaluza las líneas de guaguas 1844 al Grupo Díaz que tiene dos vectores: el transporte de turistas y el de viajeros regulado. En el caso del segundo ya está operando entre centros comerciales del sur de Gran Canaria de forma gratuita, cosa que de momento nadie ha denunciado porque los taxistas, por ejemplo, también comen de este tipo de negocios.

Por su parte, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana tiene guardado de la anterior legislatura PSOE-NC un plan para implantar un sistema de líneas de transporte terrestre ya que en su momento se lanzó la teoría de crear una empresa municpal de guaguas. Alsa habría cometido el error de creer que esto del transporte en Gran Canaria se arregla en Las Palmas olvidando dos cosas claves: que Salcai es una empresa creada con el apoyo del clero y que no hay cosa que más moleste en el sur de Gran Canaria la opacidad creyendo que los medianeros estilo 'Caso Mediador' sirven para algo. Esto, sin contar que la patronal del transporte de Las Palmas es de la tesis de preferir malo conocido que bueno por conocer.

El Registro de Operadores Terrestres de Canarias es una herramienta que va a facilitar al Cabildo de Gran Canaria organizar las licencias en el sur de la isla, donde está el melón del negocio ya que la línea 30 es más útil desde Las Palmas que llevar a vecinos entre Maspalomas y Tunte. En síntesis: hay lío. Alsa entró comprando negocios ya establecidos pero cometería el error de hacer la operación sin tener amarrado las concesiones porque eso se sabrá en 2027. Estas autorizaciones son fundamentales para poder comer de la tarta de las ayudas oficiales que, de momento, solamente tiene Global acceso en más de un 80% por valor de 40 millones de euros.

La modificación del decreto ley de modificación de la ley 13/2007 de ordenación sostenible del transporte terrestre de viajeros primará la eficiencia sobre la oferta y esto significa que si en una ruta como Maspalomas-Aeropuerto de Gran Canaria funciona bien no se autorizará a nuevos operadores, en teoría, torpedear este trayecto en precios y servicios. La norma obligará a los operadores a demostrar que tienen una "flota mínima" con bajas emisiones contaminantes.

Desde Transportes del Gobierno de Canarias se sentencia: "queremos que los sectores y las administraciones implicadas sean parte del proceso para que no sea la ley de un gobierno, sino la ley del sector y de la ciudadanía para las próximas décadas. Esta iniciativa responderá a las necesidades de la movilidad de la sociedad canaria en el conjunto de las ocho islas, favoreciendo la transición hacia un sistema sostenible de movilidad en Canarias", ha dicho María Fernández, directora general de Transportes de Canarias.