Algo pasa con San Bartolomé de Tirajana y la ejecución presupuestaria de 2024 porque no es año electoral y, se supone, debería ir a estas alturas a velocidad de crucero. A fecha de 20 de marzo de 2024 es decir, hasta hace un mes, tenía 2,8 millones de euros de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de 2024, que anda en cuanto a ejecución presupuestaria, a este ritmo, no sería lo lògico. Hace un año, en abril de 2023, San Bartolomé de Tirajana confirmó que 6,7 millones de euros en oxígeno financiero en cuanto a importe saldo no financiero, es decir, criterio presupuestario sin ajustes en la contabilidad nacional.

En el primer trimestre de 2023, es decir, cuando fueron las denuncias por un congreso de funcionarios en el sur de la isla, las obligaciones eran 3,9 millones de euros. En resumen: no habría mano negra bloqueando pagos como se está diciendo por ahí para argumentar escasos compromisos ejecutados y adoptados en la última campaña electoral municipal de 2023. 

Este dato parece absurdo pero marca una tendencia. A casi un millón de euros al mes es lo que se corresponde con los datos del estado del Remanente de Tesorería, de modo que debe recoger el saldo de la cuenta 4131, el capítulo de acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, y que no es nada nuevo para los funcionarios porque viene aplicándose desde diciembre de 2018.

Aunque estas cosas solamente las comprenden los funcionarios es importante recordar la obligación que tienen de controlar desde Intervención el desarrollo de la cuenta 413 de los acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto y sirve para verificar la existencia de obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que no se ha producido su imputación presupuestaria.