TUI, el mayor turoperador panaeuropeo con intereses en el sur de Gran Canaria, ha respondido a vecinos medioambientalistas de Tirajana que preguntará por los canales adecuados al sector hotelero que le informe de los resultados de las denuncias que en 2017 se hicieron sobre la planta machacadora de Grupo Santana Cazorla, dueños del 50% de Anfi del Mar, en las medianías por el dantesco impacto medioambiental que hay. Es la segunda vez que los vecinos se dirigen a un operador turístico de la UE por este asunto porque en 2017 se lo pidieron a Thomas Cook pero con la quiebra la demanda de petición de información quedó fuera de cobertura. Se trata de una planta que daña la imagen del destino turístico y presionar a la baja el precio de venir de vacaciones al sur de Gran Canaria. Las fotos de esta noticia las facilitó un vecino este mes de mayo.

"Utilizamos nuestra escala e influencia para la transformación sostenible de los viajes. Junto con nuestros socios, nos esforzamos por seguir contribuyendo positivamente a las comunidades locales, reducir nuestra huella ambiental y crear experiencias que sean auténticas y sostenibles", afirma TUI, touroperador en el que los vecinos denunciantes confían por su adhesión a la Agenda 2030 y la Agenda de Sostenibilidad y los tres pilares y las 15 áreas de enfoque, así como su  contribución a los ODS de la ONU .

Desde 2017 la Fiscalía en Las Palmas y otras autoridades judiciales investigan si la planta de extracción de áridos una vez vencida la concesión han devuelto el escenario a cómo estaba con anterioridad y la inversión comprometida para restaurar el espacio. La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas acusa a Hermanos Santana Cazorla y Petracan por un presunto delito contra la ordenación del territorio, al considerar que en lugar de restaurar el daño causado las entidades se dedicaron a ampliar sus instalaciones. Desde hace años no se sabe en qué fase judicial está el proceso.

Una denuncia ciudadana derivó en una investigación desarrollada por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), organismo dependiente del Gobierno de Canarias, que concluyó que las obras hechas en la machacadora no sólo carecían de los permisos insulares y locales, sino que vulnerarían las normas de ordenación del territorio de manera flagrante. La Fiscalía también contaba con un informe elaborado por el Servicio Técnico de Medio Ambiente y Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria.