¿Dó está tu escudo?, ¿dó está tu lanza? Todo lo acaba la malandanza. Juan de Abreu Galindo. La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez, se blindó finalmente esta semana con la llegada de Vega Pérez al frente de la secretaría general del ayuntamiento, es decir, el jurista que llegó por mandato de Alejandro Marichal (CC) antes de salir del grupo de gobierno se queda. Desde ahora, el responsable de contratos especiales y de la "defensa y asistencia los miembros de la corporación o personal municipal, cuando como consecuencia de sus funciones pudieran exigirles responsabilidades civiles o penitenciarias", como dice la Ley, es Antonio Vega.
Fue en 2005 cuando José Marcelino López Peraza, secretario del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, fue salpicado de sentencias que se contradecían entre ellas a raíz de que Nueva Canarias en la época de María del Pino Torres le imputara decisiones de presunta prevaricación. En 2008 una sentencia de la Audiencia Nacional le inhabilitó debido a "simultanear su cargo de secretario en el Ayuntamiento de Santa Brígida con el desempeño particular de su profesión de abogado colegiado ejerciente, con despacho abierto al público" además de "con el desempeño de otros dos puestos de trabajo en el sector público" (docente de la ULPGC y UNED), además de "haber intervenido en un procedimiento, asesorando y defendiendo ante los Tribunales a una asociación privada en un tema en que dicha asociación tenía intereses contrarios a los del Ayuntamiento" de Santa Brígida. También se reconoce otra falta grave de incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo.
A partir de ahora, el grupo de gobierno rojinaranjo y nacionalista de NC tiene ya un responsable de desestimientos en los procesos entablados y de informar a Narváez sobre resoluciones y sentencias recaídas. Cuando CC echó al anterior secretario municipal, que no quería jubuilarse y pidió rengancharse hasta los 70 al considerar que estaba en plenitud de forma, Marichal argumentó de puño y letra que no lo consideraba necesario por "inexistencia de libros de actas de las sesiones de los órganos colegiados (Pleno, Junta de Gobierno Local, etc) y de las resoluciones de los órganos unipersonales" y que esto evidenciaba "un actuar que, cuando menos, cabe calificar de incumplimiento de las funciones legalmente asignadas". Narváez criticaba que CC generase "la parálisis, el caos, el desastre, la desorganización" tras dar de baja en la Seguridad Social al veterano López Peraza.
Un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 de Las Palmas de Gran Canaria dictó que la resolución dictada por Marichal fue desproporcional al firmarse el 27 de septiembre, tres días antes de que finalizara el plazo de López Peraza como secretario del Consistorio. "El pase a la situación de la jubilación forzosa afecta, sobre todo y prima facie, al interesado recurrente quien, además, vería de inmediato frustrada su participación en los procesos selectivos indicados en el escrito iniciador", dictaba la sentencia a la que no cabía recurso.
El Tribunal Supremo confirmó ayer el procedimiento disciplinario que llevó en 2005 al Ministerio de Administraciones Públicas a destituir al secretario municipal del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y a prohibirle desempeñar ese cargo durante un periodo de seis años. Este funcionario, José Marcelino López Peraza, que se reincorporó al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana tras cumplir su sanción, fue expedientado por dos faltas muy graves de incumplimiento del régimen de incompatibilidades cometidas en su anterior destino, Santa Brígida, también en Gran Canaria. En concreto, el Ministerio consideró probado que López Peraza compaginó de manera ilegal su trabajo como secretario del Ayuntamiento de Santa Brígida con el ejercicio privado de la abogacía y con dos empleos como profesor en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en la UNED.
Las sanciones fueron corroboradas en su momento por la Audiencia Nacional, pero el actual secretario de San Bartolomé de Tirajana pidió al Consejo de Ministros que las revisara de oficio y que las declarara nulas. El Gobierno central le denegó tal petición y el asunto acabó de nuevo en los tribunales, en este caso en el Supremo. La sentencia del Alto Tribunal, hecha pública ayer, recuerda a López Peraza que recurrió en su día las sanciones que se le impusieron tanto por la vía ordinaria como por la especial de protección de derechos fundamentales, y que en ambos casos la Audiencia Nacional falló en su contra.
"Lo que antecede pone de manifiesto que en ese proceso jurisdiccional se analizaron todos los motivos impugnatorios deducidos por el recurrente, quedando desestimados en sentencia firme", subraya el Supremo, que rechaza que López Peraza sufriera algún tipo de indefensión o de vulneración de derechos durante toda la tramitación de esos expedientes disciplinarios. Además, le recuerda que solo cabría analizar si había o no motivos para que el Consejo de Ministros denegara su petición de una revisión de oficio de las sanciones.
