Coalición Canaria ha mandado esta semana un mensaje claro a los grupos de interés que están operando contra la ordenación del suelo de viviendas vacacionales sin especificar los poderes que tiene el sur de Gran Canaria. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, tuvo este mes de junio un detalle con el líder de su partido en la comarca, Alejandro Marichal, que fue recibido en el Parlamento de Canarias para tratar este asunto.

La presidenta de la plataforma ciudadana que reclama protección legal a sus inversiones (Palt), Maribel Doreste, dijo que la sostenibilidad social consiste en que el turismo “respete la identidad e idiosincrasia de la población, con nuestros usos y costumbres, evitando convertirnos en actores de un parque temático". Maribel agradeció la ayuda de Alejandro Marichal, por "su enfoque inclusivo, que respeta tanto a quienes buscan explotar turísticamente sus propiedades como a quienes desean alquilar a largo plazo o residir, es fundamental para aprovechar la heterogeneidad y versatilidad de nuestro territorio como nuestra mayor riqueza".

Los propietarios de viviendas han sido uno de los principales apoyos de CC para poder formar parte actualmente de la coalición de gobierno con  AV-PP, que tiene Turismo pero no controla la ordenación del suelo. La Plataforma de Afectados por la Ley Turística (Palt) demanda que la nueva norma sobre viviendas vacacionales contemple la correcta definición de establecimiento turístico, apartamento turístico así como reformular el principio de unidad de explotación.
 
Marichal fue al Parlamento de Canarias con la presidenta de la Palt para pedir "un modelo socialmente sostenible desde todos los puntos de vista". El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha escuchado de los propietarios la necesidad de que "el nuevo texto no provoque un desplazamiento poblacional forzoso que lleve al desconcierto a los miles de propietarios confiados en la seguridad jurídica, el respeto a la libertad de residencia, el derecho a una vivienda digna, el derecho de propiedad y la confianza legítima", dijo Doreste. 

Marichal, por su parte, hizo hincapié en la “falta de sentido” que tienen las multas impuestas bajo la ley de 1995, ya que su artículo 42 indica que los establecimientos que no sigan el principio de explotación  quedarán excluidos de la oferta turística de Canarias y sólo podrán ser alquilados o arrendados conforme a las disposiciones del Código Civil o a la Ley de Arrendamientos Urbanos. El primer teniente de alcalde argumentó que “esta claridad en la Ley debería frenar las multas sin sentido que se están produciendo".