El Consejo de Gobierno de Canarias analiza este lunes en Las Palmas la propuesta de acuerdo por el que se autoriza la tramitación urgente del Anteproyecto de Ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas. No se frena la presencia de viviendas que se dediquen al turismo en zonas residenciales, una de las demandas de la patronal hotelera de Las Palmas que tiene en su directiva empresarios con viviendas vacacionales. 

El sur de Gran Canaria asiste a este asunto dividido aunque la coalición de gobierno formada por AV y CC nunca engañó a nadie: su objetivo era defender a los dueños de apartamentos por la ambigüedad con la que los empresarios hoteleros se estuvieron moviendo con este asunto. La patronal pensaba que CC no iría al gobierno local a cumplir una promesa electoral y se ha equivocado.

La norma no va a corregir otro de los grandes defectos detectados que deben ser afrontados con la nueva regulación es que esa masiva proliferación de viviendas vacacionales se ha desarrollado en dirección contraria a la limitación radical del crecimiento de la planta destinada al alojamiento turístico reglado. El preámbulo del acuerdo regional señala que se "pone de manifiesto la necesidad de intervenir estableciendo límites al uso turístico de las viviendas" en contra "del planeamiento urbanístico y territorial, desvirtuando y desmoronando el modelo de desarrollo urbano democráticamente aprobado por la ciudadanía, y en ausencia total de planificación turística específica, lo cual pone también en riesgo el futuro inmediato del empleo, la fiscalidad, la competitividad y la calidad del sector turístico".