La presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Las Palmas (AECP), María de la Salud Gil, integrante de consejo de administración de la empresa pública Viviendas Sociales de Canarias (Visocan) desde que los nacionalistas canarios recuperaron el poder en 2023, ha cardado contra CC por recurrir a encomiendas de gestión en el puerto de Las Palmas (CC) pero mantiene silencio por encomiendas a esa misma sociedad desde el Consorcio de Rehabilitación de Maspalomas (PSOE y Nueva Canarias más AV-PP), que esta semana ha puesto en marcha una obra 'menor' de 6 millones de euros por el mismo esquema. 

Cabe destacar que el Grupo Tragsa, con el músculo del Estado, con más de 40 años de vida y de capital social íntegramente público, la empresa estatal que no genera pérdidas, cuenta con la condición de poder adjudicador y de medio propio personificado de las Administraciones Públicas que participan en su accionariado, tal y como se detalla en su espacio web. Engloba, además, a la empresa Tragsa y, a la filial de esta, Tragsatec.

Tragsa ha ejecutado alrededor de 419 obras en las islas, por un importe aproximado de 324 millones de euros, entre 2018 y abril de 2022. Las administraciones emplean Tragsa para reducir tiempos de procedimientos administrativos por ejemplo e incendios forestales, no es solamente en construcción. La presidenta de los constructores de Las Palmas cree que adjudicar obras Tragsa u otras sociedades del Estado "es una dejación por parte de las administraciones" y "bordean la legalidad".