"¿Y esto de dónde viene ahora?" Era la pregunta que este primer día de agosto de 2024 flotó en un ambiente de tensión en el centro de poder de Lopesan. De Madrid. Un nuevo ataque en la línea de flotación de la persona de su presidente, Eustasio López, por la venta de un local en un centro comercial donde el representante del comprador en 2006, hace 18 años, dice que le colocaron un producto inmobiliario contaminado porque tenía la categoría de almacén y no de espacio comercial. "Es que no hay manera de encontrar gente que desactive estas cosas aunque tengamos un gabinete en la Península" dijo a Maspalomas24H una fuente del grupo.

El ataque se hizo. Este asunto ya se ha dirimido en los tribunales ordinarios de Justicia pero el demandante, que tiene conexiones con empresas radicadas en Madrid y Barcelona, sostiene que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana le han ocasionado "un grave perjuicio empresarial", según El Cierre Digital, porque no emite un documento que verifique su tesis. Como el negocio no se ha podido materializar el perjudicado ha acudido al Tribunal Constitucional. 

2024 es un vía crucis en las redes para la cadena. El denunciante asegura que la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y el Registro de Bienes Inmuebles le ha dado en parte la razón aunque agrega: "los responsables políticos y técnicos del consistorio deberían responder públicamente por este expediente que nos ha ocasionado un grave perjuicio empresarial". 

El denunciante se hace eco de su propia demanda a sabiendas de que ese documento que dice disponer no se puede aportar al TC porque no admite nueva documentación salvo la reclamación derivada de los juzgados ordinarios donde ha perdido en dos ocasiones. El denunciante recurre a la teoría de la conspiración para asegurar que hay "un sistema judicial que parece, presuntamente, haber protegido sistemáticamente al más fuerte".