Invertir en el sur de Gran Canaria en el sector de la energía fotovoltaica además de un calvario para vecinos y exiguos ingresos municipales va a tener cambios en la norma autonómica. Entre otros que los proyectos deberán estar anclados con socios locales, sean públicos o privados. En ese contexto reclaman que no haya acción social obligatoria en los proyectos que se planteen. Puntuará por ejemplo que haya ONGs sociales en el proyecto. De esta manera se responde a demandas locales porque los operadores financieros vienen a la comarca como cuando los primeros godos llegaron con la Conquista en 1478.
Por eso, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha presentado nueve alegaciones al Decreto-ley 5/2024 de modificación de la Ley 6/2022 de Cambio Climático de Canarias, en las que, entre otros asuntos, pide eliminar la obligatoriedad de participación social a las empresas radicadas en las islas. La entidad también ha exigido al Gobierno canario una aclaración de las tecnologías sujetas al criterio de participación social, así como limitar el porcentaje de participación social a personas jurídicas públicas a un 2,5 % del total de acreditación de participación social. De igual forma, han planteado reducir los avales exigidos a las empresas que acrediten la participación ciudadana y ajustar el porcentaje de participación a la potencia final del proyecto, cuando se produzcan modificaciones durante su tramitación.
Asegura la UNEF que, aunque desde la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias se amparan en la Directiva de Renovables 2023/2413, dicha normativa comunitaria "no especifica que deban ser proyectos de 2 MW ni que el porcentaje tenga que ser de un 20 %". Por ello, entiende que esa integración de la participación local en los proyectos solares "se debe realizar de forma adecuada para no convertirse en una barrera que pueda poner en riesgo el desarrollo y la transición energética de las islas".
La asociación empresarial ha valorado este lunes en un comunicado la participación social en los proyectos solares que se ejecuten en el archipiélago, en base al artículo 64 del mencionado decreto-ley, si bien considera que no debe ser obligatoria porque ello "es un atentado a la libertad de empresa". En ese artículo se regula la participación social para los proyectos renovables, de forma obligatoria, para proyectos a partir de 2 megavatios (MW) de potencia, en los que hay que reservar un 20 % a la participación local, ya sea pública o privada.
Es por ello que desde la UNEF han propuesto eliminar la obligatoriedad de participación social a las empresas radicadas en el sur de Gran Canaria o, en su defecto, ampliar el límite de obligatoriedad a proyectos de cinco megavatios. Asimismo, han alegado que se reduzca el porcentaje de acreditación de participación social, que se permita la deuda como producto válido para acreditarla, que se modifique la acreditación en el tiempo de la participación social, ya que el decreto fija que debe acreditarse en el momento de salir a información pública, "que es excesivamente pronto en el tiempo", en su opinión.
