No quieren oír hablar de la materia. Los consejos de administración de las empresas hoteleras del sur de Gran Canaria tienen un problema de gentrificación: la vieja guardia no se marcha y la ley da de plazo hasta finales de 2025 para que se reordenen. Las cadenas hoteleras de Las Palmas con intereses en el sur de Gran Canaria son las que más se resisten. "No es que no haya mujeres en los consejos, es que no se quiere desvelar información y, contratar por fuera mujeres independientes es un riesgo porque hay que profesionalizar los consejos y eso implica menos beneficios", señala el secretario del consejo de una hotelera del sur grancanario, qué se pregunta: "¿Cómo vamos a dejar el negocio en manos de una abogada que se puede marchar a un competidor?".

El motivo es que desde los consejos de administración se deciden las compras y nadie quiere perder el control de su terruño. Hay consejos que no se renuevan en su totalidad desde hace tres décadas. Hay cadenas que están intentando sortear las nuevas normas cambiando los consejos de administración con la previsión de no hacerlos; pero esto lleva consigo cambios en el mando de manera que puede generar que accionistas minoritarios tomen el control total de una sociedad.

La Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres obliga a la representación efectiva de las mujeres en los ámbitos decisorios de la vida política y económica, de forma que se avance en la consecución del ejercicio real y efectivo del principio constitucional de igualdad. Para ello, introduce modificaciones sustanciales en distintas normas del ordenamiento jurídico español.

Esto traspone la Directiva (UE) 2022/2381 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de noviembre de 2022, relativa a un mejor equilibrio de género entre los administradores de las sociedades cotizadas y medidas conexas. De esta forma, España asume una posición de liderazgo a la hora de incorporar a su ordenamiento las normas y recomendaciones internacionales relativas a la igualdad de género.

De esta forma, el proyecto de ley incorpora el principio de representación equilibrada al ámbito empresarial. Para lograrlo, deberán adaptarse los procesos de selección para asegurar el cumplimiento de esta disposición, debiendo, en caso de empate entre varios candidatos, elegir al del sexo menos representado en el consejo. En el caso de las sociedades cotizadas se establece como infracción grave el incumplimiento de estas previsiones.