El sur de Gran Canaria se hace el remolón pero tiene un problema serio: a partir de enero de 2025, en pocos meses, no se podrá circular en coches con la etiqueta A pero los agentes locales de policía podrán aplicar sanciones de hasta 200 euros. Esto afectará a los coches con más de 20 años. En concreto, coches y furgonetas matriculadas antes del 2000, diésel matriculados antes del 2006 y motos antes del 2001. El 27,60% del parque automovilístico del sur de Gran Canaria dispone de ningún distintivo medioambiental que emite la Dirección General de Tráfico (DGT), según ha informado Faconauto, patronal que integra a las asociaciones de concesionarios oficiales de las marcas automovilísticas, vehículos industriales y de maquinaria agrícola. Este porcentaje corresponde principalmente a los vehículos más antiguos y menos eficientes (modelos de gasolina anteriores a enero de 2000 y diésel anteriores a 2006).

Por su parte, la etiqueta B, que son turismos de gasolina matriculados a partir de enero de 2000 y de enero de 2006 para los diésel, así como la etiqueta C, turismos de gasolina matriculados a partir de enero de 2006 y diésel a partir de 2014, copan el 22,12% y 47,13% del total de turismos del sur grancanario, respectivamente. El menor porcentaje de penetración se encuentra en las tecnologías más eficientes y en los coches más jóvenes. Así, los vehículos con la etiqueta CERO (eléctricos e híbridos enchufables) representan solo el 0,81% del parque de sur grancanario, mientras que los etiqueta ECO (híbridos) alcanzan el 2,34%.

Faconauto también ha analizado la evolución de la edad media del parque automovilístico de Canarias, la cual, y a lo largo del pasado año 2022, se situó en los 15 años de antigüedad, claramente por encima de la media nacional, que está en los 13,9 años. La debilidad del mercado y la consecuente crisis de matriculaciones, arrastrada desde la pandemia por los problemas de stock y un contexto de consumo desfavorable, está ralentizando el cambio de vehículo tanto por particulares y familias como por flotas y empresas, de tal forma que la calidad de parque automovilístico está empeorando. Para la patronal, el conjunto de la cadena de valor del sector de la automoción, así como Administraciones Públicas y agentes políticos, deben colaborar y tener como eje esencial a la electrificación y a la movilidad sostenible.