La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) creada por Bruselas en España para vigilar el gasto político ha puesto en luz roja sobre la sostenibilidad fiscal y el cumplimiento de las reglas fiscales de San Bartolomé de Tirajana por los datos que maneja la Intervención General, que ha imputado con cargo al ejercicio de 2023 un déficit presupuestario que suma 42 millones de euros. A marzo de 2024 el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana paga a sus proveedores sus facturas a los 161 días y tiene 7 millones de euros pendientes de pago. El Ayuntamiento de Las Palmas tiene desde el pasado viernes pendientes de pago 50.000 euros.
En diciembre de 2023 el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana dijo en una nota oficial que "el presupuesto se presenta equilibrado, sin déficit inicial". Todo eso es humo: el saldo INF está en -41,3 millones de euros. La evolución del saldo sobre ingresos no financieros está en -39,3%. Hay acreditados ingresos no financieros de 105 millones de euros para un gasto no financiero de 147,1 millones de euros según AIReF.
En diciembre de 2023 el Ayuntamiento hizo un imprudente comunicado donde afirmaba tener "ingresos ligeramente superiores a los gastos totales, gracias a un enfoque prudente (literal) en la estimación de ingresos basado en datos de ejercicios anteriores". Los gastos en personal aumentan un 2,5% respecto al año anterior debido a subidas salariales estipuladas por ley y revisiones de precios en contratos de servicios públicos, como la limpieza y recogida de residuos.
El presupuesto del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para 2024 asciende a 98,5 millones de euros. De estos, se espera que los ingresos propios del municipio alcancen los 92 millones, mientras que las aportaciones de otras administraciones sumarán unos 6,2 millones de euros. Sobre la regla de gasto, AIReF está evaluando el límite de crecimiento del gasto público de 2025 porque este 2024 destinará 37,3 millones a salarios y casi 49,2 millones a bienes y servicios. Además, se han previsto 7,9 millones de euros para inversiones en infraestructuras públicas, renovación urbana y mejora de espacios públicos, como parques infantiles y centros educativos.
