Las recepciones de los hoteles en el sur de la isla de Gran Canaria son un hervidero. Desde el 2 de diciembre ha entrado en vigor una nueva ley que establece nuevas obligaciones de documentación y registro de datos sobre los huéspedes de los hoteles, así como sobre el alquiler de vehículos. La nueva ley ha sido objeto de intensos debates y críticas por parte del sector turístico, que ha denunciado el plan como anticompetitivo y una carga burocrática. El incumplimiento de las nuevas normas podría acarrear a los hoteleros y propietarios de alquileres temporales una multa de hasta 30.000 euros.

Los comercios afectados estarán obligados a facilitar los datos correspondientes en la plataforma Ses.Hospedajes, disponible desde 2022 y en la que ya están registrados 61.540 establecimientos hoteleros, 1.994 agencias de viajes, 222 plataformas digitales y 1.720 empresas de alquiler de vehículos a motor. En total, se han registrado 4,77 millones de datos de usuarios vinculados a estas empresas. Las medidas de estilo Gran Hermano estarían relacionadas con la seguridad y con una estrategia antiterrorista y anticrimen transnacional. Ahora, la obligación de proporcionar información sobre los clientes al gobierno, así como a los que alquilan vehículos, recae directamente sobre las empresas, sin importar su tamaño, para que recaben datos sobre todos los usuarios de sus servicios.

Los datos a registrar incluyen información sobre la empresa, datos de los viajeros que pagan el servicio, incluyendo nombre y apellidos, sexo, número de documento de identidad, tipo de documento (DNI, pasaporte, TIE), nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual, teléfono fijo y móvil, correo electrónico, número de viajeros en el grupo, e incluso la relación entre los viajeros (en caso de que alguno sea menor de edad).

A continuación, se incluyen los datos de la transacción: contrato (número de referencia, fecha y firmas), datos de ejecución del contrato (fecha y hora de entrada y fecha y hora de salida) y datos de pago (tipo, identificación del medio de pago como tipo y número de tarjeta, titular del medio de pago, fecha de caducidad de la tarjeta y fecha de pago). En total, se deben registrar y cargar 42 datos por cliente cada vez que alguien paga un alojamiento o alquila un coche. Se impondrán multas de entre 100 y 30.000 euros a aquellos que no cumplan la rigurosa normativa.