El Consejo Consultivo de Canarias ha emitido un dictamen favorable, aunque con numerosos matices, sobre el anteproyecto de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, conocida como la "ley del alquiler vacacional". Este dictamen, preceptivo pero no vinculante, incluye observaciones y reparos a una veintena de artículos y disposiciones, advirtiendo que algunos aspectos del texto podrían generar inseguridad jurídica. Es un asunto que en Maspalomas preocupa porque hay mucha gente de Las Palmas ajena al turismo especulando con la unidad de mercado y poniendo en riesgo el turismo de la capital económica de Canarias.
Este paso supone el último trámite antes de que el Gobierno canario apruebe el proyecto de ley y lo remita al Parlamento, previsiblemente a partir de febrero, para iniciar su tramitación formal. La norma, elaborada por la Consejería de Turismo y Empleo, busca regular el alquiler vacacional para mitigar su impacto en el acceso a la vivienda y garantizar una implantación equilibrada en el territorio, como ha destacado la consejera Jessica de León. Sin embargo, el texto ha sido objeto de críticas desde su presentación, tanto por parte de ayuntamientos como de propietarios afectados, lo que ha llevado a varias modificaciones durante el último año.
Uno de los puntos más polémicos del anteproyecto se refiere a la reserva de suelo para uso residencial. En su versión inicial, el texto fijaba un 90% de suelo reservado para uso residencial en todas las islas, excepto La Palma, La Gomera y El Hierro, donde sería del 80%. No obstante, estas cifras se han flexibilizado tras el rechazo de numerosos municipios turísticos, permitiendo que cada localidad pueda adaptar los porcentajes según su capacidad de carga. A pesar de este cambio, el Consejo Consultivo advierte que la ausencia de criterios o porcentajes mínimos genera incertidumbre jurídica.
Otro punto controvertido es la disposición transitoria primera, que preocupa a los alcaldes por el riesgo de litigios y posibles indemnizaciones. Esta disposición regula la declaración responsable del uso turístico consolidado de las viviendas, pero el Consultivo critica que el texto no clarifique si esta declaración aplica únicamente a viviendas no amparadas por el planeamiento urbanístico o también a aquellas habilitadas para uso turístico por ordenación previa.
El informe también señala que el anteproyecto excede las competencias autonómicas en ciertos aspectos. Un ejemplo es la regulación de las personas que prestan servicios en viviendas vacacionales, como la entrega de llaves o la limpieza, que el texto vincula a la legislación laboral. El Consultivo considera que este punto invade competencias estatales, ya que corresponde al Estatuto de los Trabajadores, de ámbito nacional, definir las relaciones laborales en este sector.
Asimismo, el dictamen cuestiona la obligación de trasladar al registro de la propiedad las declaraciones responsables de uso turístico, dado que esta entidad administrativa depende del Estado. Según el órgano consultor, esta medida no se ajusta al sistema jurídico registral español y debería ser eliminada. Aunque el dictamen del Consejo Consultivo no impide la aprobación del proyecto, sí subraya la necesidad de realizar ajustes para garantizar la seguridad jurídica y respetar las competencias estatales. Con estas observaciones, la futura ley del alquiler vacacional sigue generando debate y reflejando la dificultad de equilibrar los intereses de propietarios, ayuntamientos y la ciudadanía en un contexto de creciente presión por el acceso a la vivienda en Canarias.
